DS(P) nº 23/6 del 21/9/2004

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señorías, buenas tardes. Gracias, gracias Señorías. Se abre la sesión. Ruego al señor Secretario proceda a dar lectura al primer y único punto del Orden del Día.

EL SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Primer punto del Orden del Día: "Informe anual del Procurador del Común correspondiente al año dos mil tres".

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Para proceder a presentar su Informe, tiene la palabra el Excelentísimo señor Procurador del Común de Castilla y León, señor García Álvarez.

EL PROCURADOR DEL COMÚN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ):

Excelentísimo señor Presidente de la Junta de Castilla y León, Excelentísimo señor Presidente de las Cortes, Señorías, señoras y señores. Me corresponde hoy, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley del Procurador del Común, exponer un resumen del Informe correspondiente al pasado año dos mil tres. Bien es cierto que aunque la Ley habla de la exposición oral de un resumen, dadas las circunstancias de mi intervención de hoy -no lejano ya el final de mi mandato-, junto al resumen haré, al terminar mi intervención, algunas consideraciones, aunque no sean estrictamente de síntesis; y es que tal vez convenga ir haciendo alguna recapitulación de carácter técnico en tanto llega, con el último Informe -que me esforzaré por finalizar y defender antes de mi cese-, el momento de las consideraciones finales y de los balances.

Por lo demás -como han podido comprobar Sus Señorías-, el Informe que tienen en sus manos, aunque voluminoso, ciertamente -como todos los años-, incluye ya un resumen, que, para mayor claridad, figura recogido monográficamente en uno de los fascículos del BOCCyL.

Puesto que tienen Sus Señorías a su disposición una pormenorizada exposición de la mayoría de los expedientes... -de la mayoría, ciertamente, no de todos- de los expedientes tramitados por el Procurador del Común, voy a limitarme ahora a resumirles algunos de ellos, de tal modo que estén en las mejores condiciones, dentro de unos minutos, para, de acuerdo con la Ley del Procurador del Común, fijar su posición respecto de mi actuación.

Y, como siempre, comienzo con una breve referencia a la Función Pública. Son numerosos los expedientes. Han sido abordadas cuestiones como la recusación de miembros de los tribunales calificadores, la falta de publicidad en los procesos selectivos, la disconformidad con la exigencia del conocimiento de lenguas vernáculas en otras Comunidades Autónomas, etcétera.

Si acaso, permítanme subrayar la atención que siempre he dedicado a lograr que se observen... -ha sido siempre una obsesión mía, también en mi época de Catedrático de la Universidad- que se observen los principios de mérito y capacidad en los procesos selectivos de personal que va a ser retribuido con el presupuesto público.

Sin perjuicio de una referencia más amplia a esta cuestión, que realizaré -espero- en el próximo y último Informe anual, permítanme ahora destacar la actuación de oficio que he realizado en relación con la selección del personal de las Fundaciones Públicas de la Comunidad.

En este sentido, se propuso el inicio de actuaciones dirigidas a establecer la obligada sujeción, con las excepciones estrictamente necesarias, a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de las correspondientes convocatorias de selección de su personal.

También me gustaría destacar las actuaciones de esta Procuraduría sobre concursos de traslados de funcionarios docentes, fondo de mejora para la calidad de los servicios públicos, traslados por motivos de salud y relación de puestos de trabajo de los funcionarios transferidos del Inem.

En otro orden de cosas, les recordaré que, con ocasión de la celebración de las Jornadas Anuales de Coordinación de Defensores del Pueblo, fueron formuladas unas conclusiones comunes en torno a las líneas de actuación que deben seguirse con la finalidad de facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a todos. Algunas de esas conclusiones fueron concretadas en el año dos mil tres, con ocasión de las resoluciones formuladas en materia de vivienda a la correspondiente Consejería.

Así, en primer lugar, se ha instado a la Administración Autonómica a la adopción de las medidas necesarias para garantizar que las viviendas de promoción directa sean susceptibles de ocupación y se entreguen en un plazo de tiempo breve, una vez que hayan sido adjudicadas con carácter firme.

Por otro lado, hasta seis resoluciones -todas ellas aceptadas- se han formulado instando a la Administración al adecuado ejercicio de sus competencias en orden a garantizar la ejecución de las obras de reparación que sean necesarias en las viviendas de protección pública. En dos resoluciones el Procurador del Común ha manifestado la necesidad de que sean ejercidas eficazmente las facultades punitivas dirigidas a prevenir y reprimir conductas tales como la inobservancia de la obligación de destinar las viviendas protegidas a domicilio habitual y permanente.

Por último, en relación con las ayudas económicas complementarias para la adquisición de viviendas por grupos sociales singulares, se ha puesto de manifiesto la necesidad de que la Consejería de Fomento adopte medidas dirigidas a mejorar la tramitación de los procedimientos en los que se conceden aquellas.

Obras públicas. Esta Procuraduría ha tenido que dirigirse en el año dos mil tres en dos ocasiones a la Administración Autonómica, recordando que la intervención en el derecho de propiedad de los particulares, por motivo de la ejecución de obras públicas, debe ampararse en un título jurídico creado a través del correspondiente procedimiento de expropiación forzosa mediante, siempre, una indemnización económica.

En efecto, con ocasión de la ejecución de sendas obras públicas dirigidas a la ampliación de una carretera y al abastecimiento de agua de una comarca, respectivamente, los ciudadanos denunciaron al Procurador del Común -y se confirmó por esta Institución después del desarrollo de las investigaciones correspondientes- la existencia de privaciones de bienes de titularidad privada sin la previa tramitación del correspondiente procedimiento expropiatorio, y, en consecuencia, sin respeto a las garantías que este reconoce a los ciudadanos expropiados.

En ambos casos esta Procuraduría del Común instó a la Administración Autonómica a que procediera a la tramitación del correspondiente procedimiento y al abono del justiprecio, incrementando este último con una indemnización por los perjuicios causados a los ciudadanos por el proceder -a mi juicio- ilegal.

En Educación Especial parece oportuno mencionar una reclamación en la que se aludía a la situación escolar de un alumno de ocho años, totalmente sordo, que carecía en su centro escolar -centro de integración preferente de sordos en la provincia- de la ayuda de un intérprete de signos. Se ponía de manifiesto en el citado expediente la total ausencia de comprensión de las enseñanzas impartidas y, consecuentemente, el nulo aprovechamiento del alumno.

La Consejería de Educación acordó aceptar la Resolución en virtud de la cual se recomendaba la prestación de la ayuda necesaria, comunicando su decisión de, una vez averiguadas las razones que motivaron las supuestas carencias en la atención educativa del alumno, acudir a subsanarlas aportando los apoyos necesarios.

Posteriormente se comunicó a esta Procuraduría la asignación de un intérprete de signos con sesiones de cuatro horas diarias.

En febrero del año dos mil tres, Señorías, se presentó una queja que tal vez les haya llamado la atención y... incluso pueden haber pensado que la competencia del Procurador del Común era dudosa para entrar a entender de la misma, pero la que, sin embargo, por consideraciones de tipo personal que me llevaron a la convicción de poder resolverla -quizá con más rapidez que otras instancias-, decidí abordar.

En febrero del año dos mil tres se presentó una queja en la que se aludía a un expediente tramitado al amparo del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la Federación Rusa por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. El reclamante, de origen español, niño de la guerra, había sido desplazado siendo un niño al territorio de la ex URSS como consecuencia de la Guerra Civil Española. A la vista de la documentación que obraba en la Procuraduría del Común, parecía que el expediente tramitado por nuestro Instituto Nacional de la Seguridad Social no podía en ese momento ser resuelto, ya que por parte del Fondo de la Pensiones de la Federación Rusa no se había remitido el correspondiente certificado sobre la condición de pensionista de dicha persona, así como sobre la cuantía de la pensión percibida.

En virtud de lo expuesto, me dirigí por escrito tanto al Defensor del Pueblo ruso como al Fondo de Pensiones de la Federación Rusa, y también al Instituto Nacional de la Seguridad Social. A ello siguieron no pocas llamadas telefónicas y dificultades diversas, derivadas, entre otras cosas, del incendio -supongo que fortuito- del edificio que albergaba el departamento correspondiente de la Administración rusa.

Como consecuencia de nuestras actuaciones, como quiera que sea, se recibió una comunicación del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la cual se ponía de manifiesto que se había resuelto aprobar la prestación de jubilación.

Esta Procuraduría consideró necesario que se arbitrasen por la Administración Autonómica ayudas económicas para los emigrantes mayores de sesenta y cinco años de edad retornados de países iberoamericanos. Estos, como saben, no pueden percibir en la actualidad ninguna pensión de jubilación, en su modalidad no contributiva, al no cumplir el requisito de años de residencia, y en la actualidad -como es bien sabido- disponen de las pensiones muy exiguas de esos países.

Tras recibir varias quejas, volví a insistir sobre esta cuestión a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que me informó que, como consecuencia de esta iniciativa, se está elaborando un nuevo Decreto regulador de ingresos mínimos de inserción que proporcionará cobertura económica y asistencial a los castellanos y leoneses retornados mayores de sesenta y cinco años. Me congratulo de que con esta medida, que, según me informan, entrará en vigor el próximo uno de enero, se dé una respuesta a este colectivo especialmente necesitado.

Minas a cielo abierto. Esta Procuraduría ha vuelto a recibir en el año dos mil tres una queja sobre un problema que se había planteado en años anteriores, a saber: la situación jurídica de las licencias y autorizaciones de algunas minas de carbón a cielo abierto en las montañas de León y Palencia, fundamentalmente en el Valle de Laciana, donde hemos abierto un expediente.

Por supuesto -no faltaba más- que reconozco la importancia socioeconómica que tiene la minería de carbón en la montaña leonesa y palentina, que supone un motor económico para la población de esos valles. Pero ello en ningún caso puede suponer una excusa para la inactividad de las Administraciones Públicas implicadas y que estas no ejerzan sus potestades de inspección y control sobre el funcionamiento de esas explotaciones mineras, evitando los perjuicios que derivan de tal pasividad.

Quiero hacer hincapié, pues, en la necesidad de un mayor control en el cumplimiento de las licencias medioambientales, en la comprobación de la existencia de las autorizaciones precisas para su existencia y en la vigilancia de las restauraciones que procedan.

Por lo que se refiere a menores, me remito al Informe Especial ya publicado y que fue remitido a Sus Señorías en su momento. Con dicho Informe -como habrán podido comprobar- se pretende analizar la situación de los menores en nuestra Comunidad, tanto la de los que se encuentran en una situación de riesgo o desamparo que exige la inmediata intervención de la Administración para su adecuada protección, como la de los menores que por razones de diversa índole cometen hechos calificados como delitos o faltas en el Código Penal o en las leyes penales especiales.

La necesidad de una fórmula eficaz y adecuada para el ejercicio del cargo tutelar en aquellos supuestos en que no existan personas físicas ni jurídicas de carácter privado idóneas, o en condiciones de asumir las obligaciones derivadas de la asignación de una tutela, ha puesto de relieve a esta Procuraduría la conveniencia de articular una estructura u órgano público específico apto para el desempeño de funciones tutelares. Se instó para ello a la Administración Autonómica a la creación de una comisión de tutela adscrita a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades -a semejanza, por cierto, de las ya existentes en otras Comunidades Autónomas-, para el ejercicio, entre otras funciones, de los cargos tutelares de personas mayores de edad incapacitadas legalmente, la administración de sus bienes y la realización de actuaciones tendentes a su integración y normalización en su propio medio, o, alternativamente, a proporcionales los recursos adecuados para su asistencia y rehabilitación.

Parece conveniente hacer referencia, Señorías, a la problemática reflejada en diversos expedientes abiertos en esta Institución a lo largo del año dos mil tres -algunos todavía en tramitación, por desgracia-, relativa a la situación por la que atraviesan tanto los enfermos diagnosticados de "trastorno límite de la personalidad" como sus familias. Esta Procuraduría ha constatado el caos, el dolor y la impotencia que sufren los familiares y los afectados por este tipo de trastornos; incluso por datos directos hemos comprobado que en ocasiones las personas afectadas por un TLP desarrollan otro tipo de patologías como la anorexia o la bulimia, o consumen drogas, e incluso realizan conductas delictivas, además de poner en práctica actos suicidas que en algunos casos podrían conducir a la muerte.

Ni las familias que acuden a esta Institución, ni alguno de los directamente afectados que han comparecido ante la misma se sienten correctamente atendidos -lamento decirlo- con los medios existentes en el sistema sanitario de Castilla y León; de hecho, reclaman un tipo de terapia que exigiría una mayor frecuencia en las sesiones o consultas psiquiátricas y una atención psicológica. En algunos casos rechazan, además, en situaciones de crisis, que el lugar adecuado para su abordaje sean las unidades de agudos de los hospitales, porque allí conviven con enfermos afectados de otras patologías que, lejos de ayudar, aumentan los problemas del enfermo, además de que dichas unidades durante los ingresos no abordan, al parecer en su integridad, el problema que supone un trastorno de la personalidad.

Por todo ello, se reclama la creación de unidades específicas de trastornos de la personalidad, recursos inexistentes en Castilla y León, pero -insisto- no desconocidos en otras Comunidades Autónomas.

Como en años anteriores, he mantenido reuniones con representantes de las asociaciones gitanas, tanto a nivel regional como local. Quiero agradecer, sobre todo a algunos de ellos, la confianza que han depositado en mí, que, por lo demás, saben que es recíproca.

Aprovecho la ocasión para manifestar mi preocupación por los casos en que familias gitanas deseosas y en condiciones -se me asegura- de integrarse se encuentran con los prejuicios de nuestra sociedad -la sociedad, entiéndase aquí, son los propietarios- a la hora de arrendar una vivienda. De sobra sé, de sobra sé -creo que ya hemos abordado la cuestión en otras ocasiones- que la cuestión es compleja y que no puede ser resuelta demagógicamente sin más con acusaciones de racismo, en absoluto; pero no deja de ser paradójico que se hayan encontrado con este problema algunas personas de etnia gitana a quienes esa misma sociedad, cuando no la Administración, acuden a la hora de resolver problemas de convivencia -por ejemplo, pidiéndoles que apliquen la llamada "ley gitana"- que de otro modo aparecen como de difícil solución.

Entre tanto, decidida ya hace tiempo la eliminación de los poblados o guetos, da la impresión de que la integración de familias gitanas aisladas en áreas pobladas por la sociedad mayoritaria encuentra con harta frecuencia enormes dificultades, cuyas causas -insisto- son varias, y no cabe achacar tan solo a uno de los grupos sociales. Y es que muchas veces da la impresión de que, a pesar de los esfuerzos de las Administraciones y de todas las fuerzas políticas, la integración -que de todos modos creo que continúa, creo que continúa- va a ser y está siendo mucho más lenta de lo que sería de desear.

La creación y la ampliación de zonas peatonales es cada vez más frecuente en los municipios de nuestra Comunidad Autónoma, afortunadamente, y ello supone, sin duda, una mejora de la calidad de vida; lo que ocurre es que no siempre se respetan las normas para su debida utilización, son frecuentes los casos de vehículos que circulan y estacionan en las zonas peatonales, por eso no son pocos los reclamantes que frecuentemente, en conversaciones suscitadas en la misma calle, solicitan una mayor presencia policial para reprimir esas conductas.

Y no se trata tan solo de los conductores de automóviles, especial problema se presenta con los usuarios de bicicletas y motocicletas, ya que, dadas las características de estos vehículos, resulta difícil la persecución de estos incumplimientos, cada vez más frecuentes, ante la pasividad en no pocas ocasiones de las policías locales. No pocas personas, sobre todo de edad avanzada -de las que no debemos preocuparnos tan solo para encerrarlas en residencias-, se quejan al Procurador del Común poniendo de relieve el peligro que suponen aquellas conductas.

Sería interesante estudiar, dicho sea de paso, si la pasividad a la que me referí hace un momento, cuando se produce, deriva de la actitud personal de algunos agentes, o si estos actúan siguiendo instrucciones expresas o tácitas de sus superiores. Una queja presentada, que apuntaba en el segundo sentido, fue retirada con posterioridad.

Debe destacarse, también, la cuestión relacionada con las actuaciones llevadas a cabo por las Administraciones Públicas para tratar de reparar los daños, en la medida de lo posible, causados a aquellas personas que por motivos de conciencia, u otros, sufrieron represalias, privación de libertad, e incluso muerte, durante la Guerra y Posguerra Civil Españolas. En el año dos mil tres, y en el ámbito de las actuaciones señaladas, la Administración de la Comunidad Autónoma ha procedido a aprobar un Decreto regulador de las prestaciones a personas incluidas en los supuestos previstos en la Ley de Amnistía del año setenta y siete. La nueva norma -como ustedes saben- viene a sustituir al anterior Decreto regulador de las citadas ayudas (cuya aplicación, por cierto, ya había dado lugar a diversas resoluciones formuladas desde la Procuraduría del Común).

Pues bien, a pesar de lo reciente de la aprobación y publicación de la norma citada, he propuesto a la Administración Autonómica la modificación de la misma en orden a la ampliación de su ámbito de aplicación -y explico por qué, porque, como en todo momento y en toda materia, hay que evitar las demagogias, ¿no?-. Y es que, con ocasión de la tramitación de una queja, el Procurador del Común se dirigió a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades manifestando a este centro directivo la conveniencia de que, a la vista de la especial finalidad y naturaleza de las ayudas en cuestión, se incluyera dentro de los supuestos que merecen ser compensados económicamente en el ámbito que nos ocupa, además de la prisión efectiva, otras medidas restrictivas de la libertad personal -otras medidas restrictivas de la libertad personal- y, en especial, la prisión atenuada, la prisión atenuada.

La Consejería se opuso a la modificación recomendada, debido a la necesidad de establecer limitaciones -se me dijo- a los supuestos indemnizables y a las dificultades para acreditar en el correspondiente expediente administrativo la concurrencia de los mismos. Sin embargo, y con todos los respetos, con todos los respetos y con todo el ánimo de colaboración que intento imprimir a mis actuaciones con todas las Administraciones Públicas, continúo considerando, Señorías, que es lógico que el límite de... a la obligación de indemnizar en estos casos se encuentre fijado por las penas previstas en el ordenamiento jurídico, penas entre las cuales se encuentra la prisión atenuada. Así mismo, la imposición de esta medida consta en una resolución judicial y, en consecuencia, es fácil... o es relativamente fácil acreditar el periodo de tiempo durante el cual una persona sufrió su cumplimiento.

En otro orden de cosas, se solicitó a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial y al Ayuntamiento de Tordesillas que se abordasen las medidas conducentes a dignificar algo que ya les adelantaba el pasado año, el espectáculo taurino tradicional del "Toro Vega", entre otras cosas, teniendo en cuenta a los menores que asisten como espectadores, para los cuales la crueldad del espectáculo no parece ser, precisamente, edificante. Esta propuesta fue aceptada por ambas Administraciones, comprometiéndose el Ayuntamiento de Tordesillas a modificar las bases reguladoras del festejo para que este no se convierta en un espectáculo incontrolado en el que todo el que quiera pueda intentar dar muerte al toro sin ningún tipo de límite; porque una cosa es -como ya les adelantaba o les comentaba el pasado año, aunque es discutible- que yo opine que los animales no tienen derecho, y otra cosa es la dignidad del hombre, que debe llevarle a impedir entrar en determinado tipo de actitudes.

Dada la peculiar situación, no exenta -sobre todo en determinados momentos- de tensión, existente en el enclave de Treviño, he creído pertinente hacer referencia a algún expediente relativo al mismo. Los requerimientos que he realizado a los Ayuntamientos del enclave han sido atendidos con prontitud y rigor -debo decir-, y, por otra parte, en más de una ocasión han sido las propias Corporaciones las que se han dirigido al Procurador del Común.

Es cierto que algún ciudadano ha dirigido su queja contra esas Administraciones, no al Procurador del Común, sino al Ararteko vasco. Este, sin embargo, me la ha remitido inmediatamente a mí, pues, además de cumplir así con lo que estipula la normativa vigente, siempre han existido -debo decir- excelentes relaciones entre ambas instituciones, la del Ararteko y el Procurador del Común.

Como quiera que sea, a título de ejemplo, diré que a lo largo del pasado ejercicio he dictado algunas resoluciones en las que se han visto implicados intereses del enclave. Si me permiten, me referiré a dos.

En primer lugar, requerí a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial para que resolviera la solicitud de constitución de dos entidades locales menores, atendiendo al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Régimen Local de Castilla y León en lo relativo al número mínimo de habitantes y a la distancia del núcleo principal que deben tener los núcleos de población que deseen constituirse como entidades locales menores. Para lograr la mejor resolución posible, y habiendo transcurrido más de cinco años desde la entrada en vigor de la citada Ley de Régimen Local de Castilla y León, solicité que se procediera a desarrollar normativamente el aludido precepto (algo que, por cierto, hasta la fecha no se ha visto realizado).

En segundo lugar, recientemente he resuelto una queja sobre el deficiente estado de conservación de algunas carreteras locales en el municipio Condado de Treviño. Mi propuesta fue que, habiendo pasado más de cuatro años desde las últimas actuaciones de apoyo realizadas por la Diputación de Burgos al Ayuntamiento de Condado de Treviño, se facilitaran a este Ayuntamiento, siempre dentro de las correspondientes disponibilidades presupuestarias y por la vía que se estimara pertinente, cuantos medios económicos, técnicos o de cualquier otro tipo fueran adecuados para la mejora y conservación de las vías de su titularidad. La Diputación, en respuesta a mi resolución, declaró que estudiaría las propuestas que se le pudieran plantear en materia de red viaria, tanto del Ayuntamiento de Condado de Treviño como del resto de localidades, se dice, en igual o peor situación.

Señorías, por la especial preocupación que despierta en mí, he querido dejar para el final de esta parte de mi intervención el expediente relativo a la plaza de toros de León. En esta Procuraduría se tramitaron dos expedientes, uno del año dos mil uno y otro del año dos mil dos -el primero incoado a instancia de parte y el segundo de oficio-, que se referían a la construcción de una cúpula sobre la plaza de toros de León sin disponer de ningún tipo de licencia.

Con motivo de la tramitación de la queja, el Procurador del Común se dirigió en tres ocasiones a aquella Administración Municipal sin que entonces, pese a los requerimientos realizados en un primer momento, se recibiera información alguna, por su parte, en relación con los hechos denunciados.

A la vista de lo anterior, una vez reformada la Ley del Procurador del Común, procedí a abrir una actuación de oficio en el año dos mil dos, dos mil dos, teniendo en cuenta la posible afectación del derecho fundamental de que habla el Artículo 15 de la Constitución, derecho a la vida y a la integridad física, dada la frecuente organización de espectáculos de masas en un recinto respecto del cual no consta, hasta la fecha, en esta Procuraduría que haya garantías técnicas ni jurídicas respecto de su seguridad. Y no crean Sus Señorías que no he actuado con paciencia, al contrario; hasta el punto de que mi paciencia, a veces, me ha planteado problemas de conciencia.

Comenzaron mis actuaciones -como les decía- en los años dos mil uno y dos mil dos. Tras largos silencios por parte de la Corporación Local, realizadas las oportunas investigaciones, se decidió formular en mayo del dos mil tres Resolución al Ayuntamiento de León en la que se establecía, entre otras cosas, la necesidad de tramitar el correspondiente procedimiento para la obtención de la correspondiente licencia de actividad y apertura respecto a la reforma de la plaza de toros de León, así como iniciar sendos procedimientos -de restauración de la legalidad urbanística y sancionador- procediendo, mientras los mismos se sustancian, a la clausura del recinto en previsión de males irreparables.

A la vista del contenido de dos escritos municipales, había considerado este Procurador del Común aceptada su Resolución. Sin embargo, con posterioridad, al ser pública y notoria la celebración de espectáculos de masas, esta Procuraduría del Común procedió a la incoación de una nueva actuación de oficio en el año dos mil tres, relativa a verificar las medidas adoptadas por la Corporación Municipal con posterioridad a la aceptación de la mencionada Resolución. Todo ello, teniendo en cuenta mi profunda zozobra y desazón respecto a las actuaciones municipales en relación con la construcción de la cubierta de la plaza de toros de León, por el peligro que pueden entrañar para la vida e integridad física de las personas.

Entre otras cosas, debo señalar que resulta de la documentación municipal que obra en nuestro poder la alarmante circunstancia de que la cubierta de la plaza de toros, obra ejecutada -insisto- sin licencia, se apoya en la fábrica del propio coso taurino, y no se asienta -como se llegó a decir por la propiedad- en elementos totalmente ajenos al edificio, directamente en el suelo; eso no es cierto.

Después de varios escritos de esta Procuraduría, en los que se indicaba al Ayuntamiento la necesidad de adoptar las medidas que en su día fueron puestas de manifiesto en la Resolución emitida por esta institución, recogidas además en un informe emitido por un funcionario municipal, y en los que repetidamente se advertía expresamente de que, en otro caso, se pondrían los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, de conformidad con el Artículo 18.3 de la Ley del Procurador del Común, procedí en consecuencia, mediante escrito dirigido a dicho Ministerio Fiscal. La remisión la justificaba no solamente en la vulneración de la normativa administrativa aplicable al caso en el ilícito urbanístico, sino, sobre todo, en la posible afectación del derecho fundamental a la vida y a la integridad física, y por si los hechos descritos pudieran constituir algún tipo de infracción penal.

Precisamente ayer he recibido un Oficio del Fiscal Jefe de León en el que me comunica el archivo de las diligencias de investigación por considerar que los hechos no son constitutivos de infracción penal; precisamente ayer. A pesar de ello, Señorías, y para que nadie se llame a engaño, como mi preocupación no ha disminuido en absoluto, es mi intención, mientras yo continúe siendo Procurador del Común, continuar con mis actuaciones, las que me permita -evidentemente- el ordenamiento jurídico.

Y paso a otra parte del Informe, que hace referencia a las propuestas de modificaciones normativas. Señorías, como estamos viendo, con frecuencia la adecuada defensa de los derechos de los ciudadanos hace conveniente recomendar la aprobación de normas jurídicas o la modificación de las ya existentes, tanto de rango legal como reglamentario. La propia Ley del Procurador del Común de Castilla y León contempla, como saben, esta posibilidad en su Artículo 20, norma, pues, que me faculta a recomendar o sugerir la modificación de textos normativos cuando su aplicación produzca un resultado injusto o perjudicial. Es más, en el Informe hay supuestos de actuaciones que consisten exclusivamente en la recomendación de la modificación de normas jurídicas, como habrán podido comprobar. He aquí algunas.

Esta Procuraduría, por ejemplo, se pronunció acerca de la conveniencia de aprobar una ley regional del voluntariado. En efecto, la relevancia que el fenómeno del voluntariado ha adquirido en los últimos tiempos, la necesidad de homogeneizar la normativa existente en la materia y el periodo de tiempo transcurrido desde la aprobación de la norma reguladora del voluntariado social, entre otros factores, aconsejaron proponer a la Administración Autonómica el inicio de las actuaciones necesarias para promover ante estas Cortes la aprobación de una ley del voluntariado. En ella deberían contemplarse, entre otros aspectos, una regulación general de las medidas de fomento del voluntariado a adoptar por las Administraciones Públicas y la exigencia de la aprobación de un plan regional del voluntariado. Las Consejerías destinatarias de la Resolución formularon... mostraron su voluntad favorable a la aprobación de la ley propuesta.

También se consideró conveniente instar a la Administración Autonómica a que iniciara actuaciones dirigidas a promover ante las Cortes de Castilla y León la aprobación de una ley de publicidad institucional, entre otros motivos, por la relevancia que la actividad indicada tiene para el efectivo conocimiento por la ciudadanía de los diferentes aspectos relacionados con la actuación pública, por la necesidad de delimitar con claridad su concepto y por la conveniencia de incorporar a un texto normativo los criterios jurisprudenciales mantenidos en la materia por el Tribunal Supremo. Esta propuesta fue aceptada con posterioridad a la fecha de cierre del Informe, estando en fase de elaboración el proyecto de la futura ley de publicidad institucional.

La consecuencia de los... consecución -perdón- de los intereses generales que persigue la actuación de las fundaciones y la dotación con fondos públicos de las mismas, entre otros factores, hacen aconsejable una modificación, a mi juicio, de la actual Ley de Fundaciones de Castilla y León. En esa Ley es conveniente que se defina con claridad la figura de las Fundaciones Públicas y que se garantice, no solo en los procesos a que aludí hace un momento de selección de su personal, sino también en los de adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de su actividad, el respeto y la observancia de los principios de publicidad, concurrencia e igualdad, que son exigibles a las Administraciones. La Administración Autonómica va a proceder, al parecer, a incluir mi propuesta en el desarrollo reglamentario de la Ley.

Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras. Como saben, se propuso de oficio por el Procurador del Común una modificación normativa de la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras. En efecto, como consecuencia de una problemática de la que se hizo eco intensamente la prensa, originada por la situación de un ciudadano discapacitado que, ante la oposición de un propietario, no podía realizar las obras necesarias para la construcción de un ascensor, el Procurador del Común inició una actuación de oficio que dio lugar a la propuesta de modificación normativa indicada. En concreto, para evitar situaciones como la expresada, se propuso el inicio de actuaciones dirigidas a la modificación de la Ley citada, en el sentido de crear un título jurídico habilitante que permita a las Administraciones Públicas competentes privar imperativamente, privar imperativamente en determinados casos, de bienes de titularidad privada a sus propietarios con la finalidad de ejecutar obras dirigidas a suprimir barreras arquitectónicas en las viviendas, declarando de interés social tales obras.

La modificación legal propuesta implicaría -me gustaría subrayarlo, pues es el aspecto más original de mi Resolución- que la expropiación forzosa de tales bienes exigiera la declaración del interés social de aquellas por la Junta de Castilla y León y la tramitación del correspondiente expediente expropiatorio por la Administración Autonómica o por el Ayuntamiento correspondiente en beneficio de la comunidad de propietarios de que se trate.

Asimismo, y considerando el alto coste económico que pueden suponer las obras de supresión de barreras arquitectónicas, propuse también crear una línea de ayudas económicas dirigidas a financiar este tipo de obras cuando sean ejecutadas por las comunidades de propietarios.

Como contestación a mi Resolución, la Consejería se refirió a la existencia ya de una Proposición de Ley en relación con el mismo tema, sin pronunciarse sobre el fondo de mis recomendaciones. Sin embargo, la Resolución del Procurador del Común -insisto- se dirige a la Administración, y guarda diferencias con la propuesta que hizo el Grupo Parlamentario en cuestión, siendo las más relevantes de todas ellas la exigencia de la declaración de interés social por parte de la Junta de Castilla y León para poder llevar a cabo el procedimiento expropiatorio indicado. Así se lo puse de manifiesto a la Administración, encontrándome a la espera de la contestación definitiva.

Sus Señorías conocen mi preocupación por el derecho a la vida y a la integridad física en relación con la seguridad vial desde que tomé posesión de este cargo. Reflejo de ello sería un Informe especial, que espero poder remitirles a no tardar. Pues bien, la Ley de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes prohíbe, como saben, expresamente la "venta y consumo de bebidas alcohólicas de más de dieciocho grados en las áreas de servicio de autopistas y autovías". Y ocurre que esa redacción dificulta, está dificultando la sanción de la venta y consumo de dichas bebidas alcohólicas en los establecimientos hosteleros o de carácter comercial no ubicados en esas zonas, pero situados en zonas del todo inmediatas. A la vista de lo expuesto, se formuló a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social Resolución en virtud de la cual se establecía la necesidad de proceder a la modificación de la Ley de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes, en el sentido de no permitir la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas de más de dieciocho grados en las estaciones, áreas de servicio y empresas de alojamiento turístico y de restauración, así como en establecimientos comerciales de autovías y autopistas.

Esta Resolución fue notificada, asimismo, a ustedes -a las Cortes de Castilla y León-, a la Consejería de Fomento y a la Comisión de Tráfico y Seguridad Vial de la Circulación en Castilla y León. En el escrito remitido a tal efecto, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades nos manifiesta su disposición a incluir la Resolución formulada por esta Procuraduría en las modificaciones que se introduzcan en la Ley 3/94 una vez entre en vigor la ley estatal.

También el derecho de admisión, Señorías, ha sido propuesto por esta Procuraduría, el derecho de admisión, como materia que debe ser regulada por las instituciones autonómicas. Dicho pronunciamiento tuvo lugar con ocasión de la tramitación de un expediente de queja cuyo objeto se encontraba integrado por un presunto trato discriminatorio a una persona de origen extranjero a quien se negó la entrada en un establecimiento público.

De la investigación desarrollada se desprendió la posible generación de conflictos y el amparo de conductas discriminatorias que podía causar la ausencia de una regulación completa del derecho de admisión en establecimientos públicos. Por ello, además de contemplar una regulación general del derecho de admisión en la futura Ley de Espectáculos y Establecimientos Públicos, se propuso el desarrollo reglamentario del citado derecho, estableciendo su ámbito de aplicación, identificando las limitaciones y prohibiciones generales de acceso y permanencia en establecimientos públicos, enumerando los motivos de las condiciones específicas de admisión que puedan ser impuestas por los titulares de establecimientos públicos, diseñando un procedimiento para su aprobación por la Administración y, en fin, regulando los servicios de admisión y de vigilancia -que, por supuesto, son necesarios; que, por supuesto, son necesarios- de los establecimientos abiertos al público.

Esta Procuraduría desea que la futura aprobación de la normativa indicada, que se colige de la aceptación íntegra de la resolución señalada por la Administración Autonómica, contribuya tanto a desterrar conductas discriminatorias en el acceso a establecimientos públicos como a proteger la seguridad de los clientes y los derechos de los titulares de los establecimientos. Una y otra cosa, por supuesto también: la seguridad de los clientes y los derechos de los titulares de los establecimientos; pero creo que es compatible.

Señorías, en aquellos casos en los que, a mi juicio, la mejoría de los derechos de los ciudadanos exige o exigiría la modificación de las normas estatales, no solamente me he dirigido al Defensor del Pueblo por si este juzgara oportuno -como así ha ocurrido en alguna ocasión- tener en cuenta mis sugerencias -lo saben-, también los puse en conocimiento de la Comisión para las Relaciones con el Procurador del Común, no solamente porque las normas estatales, por supuesto, también están vigentes en Castilla y León, sino -no hace falta decírselo- por si Señorías... Sus Señorías estimasen oportuno poner en práctica algunas de las modalidades de propuesta que la Constitución Española reconoce a estos Parlamentos, a los Parlamentos Autonómicos, en cuanto a la iniciativa legislativa, en su Artículo 87 párrafo dos.

Y, efectivamente, en ese sentido, con todos los respetos, he elaborado una serie de sugerencias, por ejemplo, una relativa al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

Se ha instado de oficio la correspondiente modificación de la legislación reguladora del Patrimonio Nacional. ¿Por qué? A fin de que algunos de los Vocales del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional lo sean en calidad de representantes de las Comunidades Autónomas en las que radiquen bienes integrantes del citado Patrimonio. Son ciertamente pocas las Comunidades Autónomas que entran en ese supuesto; pero, casualmente, entre ellas está Castilla y León. No sé si pasan de media docena, pero entre ellas está Castilla y León.

Otra propuesta que hemos elaborado se refiere a la modificación del Código Civil -y que les he hecho llegar a la Comisión para las Relaciones con el Procurador del Común-, la modificación del Artículo 171, que se refiere a la rehabilitación o prórroga de la patria potestad, y voy a exponerles por qué, y responde a una de mis preocupaciones constantes que son la defensa de los enfermos mentales y de sus familias.

Efectivamente, no dejan de sorprender situaciones en las que, siendo los padres tutores o representantes legales de la persona enferma mental incapacitada judicialmente, su estado hace prácticamente imposible poder ejercer con normalidad el cargo de tutor o representante legal, como titular de la patria potestad rehabilitada o prorrogada, al presentar el enfermo graves comportamientos agresivos y amenazantes, existiendo, incluso, en algunos casos...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Por favor, Señorías, guarden silencio. Gracias. Puede continuar.

EL PROCURADOR DEL COMÚN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ): ...

. en algunos casos órdenes judiciales aparentemente paradójicas -fíjense en la paradoja-, pero necesarias, de alejamiento del enfermo respecto de sus padres, que sin embargo son también sus tutores o representantes legales; y hay una orden de alejamiento.

Tal circunstancia ha motivado que las propias familias manifiesten su disconformidad con la regulación que se contiene en el Código Civil, a tenor de cuyo Artículo 171 la patria potestad se rehabilita o prorroga por ministerio de la ley, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en dicho artículo, aunque el procedimiento judicial de incapacitación no se haya solicitado, se solicite o no.

Teniendo en cuenta, pues, que, en muchos casos, tanto las características del enfermo... -y les ruego que me escuchen, por favor, porque es un punto importantísimo, no se pueden imaginar, quizá, cuánto, ¿no?- tanto las características del enfermo, su frecuente agresividad, como la propia situación de sus padres, hacen aconsejable la constitución de una forma de representación legal del enfermo incapaz distinta de la prórroga o rehabilitación de la patria potestad. Y hay pronunciamientos judiciales que parecen apuntar afortunadamente en esa dirección.

Por eso, estimé oportuno dar traslado de ello al Defensor del Pueblo Estatal, por si resultara procedente iniciar algún tipo del actuación tendente a la modificación del Artículo 171 de nuestro Código Civil.

En su repuesta, el Defensor indicó que compartía el criterio de la Procuraduría del Común y que iba a proceder a un estudio del marco jurídico del incapaz en relación con cuál es y cuál debería ser su estatuto jurídico dentro de lo dispuesto en la legislación española.

También hemos propuesto, a través del Defensor -y les hemos dado cumplida a cuenta de ello a través de la Comisión para las Relaciones con el Procurador del Común-, la modificación del Código Civil y del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social en lo relativo a los convivientes de hecho, pensión de viudedad y sucesión legal.

El texto refundido de la Ley General de Seguridad Social excluye, como saben, al conviviente de una unión de hecho del derecho a la pensión de viudedad, y el Código Civil, a este mismo conviviente, como sucesor legal. Por ello se consideró procedente dar traslado a la Comisión para las Relaciones con el Procurador del Común y al Defensor del Pueblo determinadas consideraciones por si, a la vista de las mismas, resultare procedente iniciar por parte de esa institución, de una o de otra, algún tipo de actuación tendente a la modificación de dichos textos legales.

En otro apartado de mi intervención, quiero aludir a alguna serie de cuestiones no exentas de cierta delicadeza.

Señorías, a lo largo del pasado año, como en informes anteriores, nos hemos encontrado con cuestiones y materias que me suscitan dudas respecto de su pertenencia estricta al campo de lo fiscalizable, de lo supervisable por el Procurador del Común. Me voy a referir a algunas de ellas, dicho sea con todos los respetos; por ejemplo, la supervisión de la actividad administrativa de estas Cortes.

A lo largo del pasado año se han recibido quejas, tanto en materia de personal como sobre el desarrollo de procedimientos selectivos convocados por este Parlamento Autonómico. Esto nos plantea la cuestión -que no puede ser soslayada- relativa a la supervisión de la actividad de la Administración de las Cortes de Castilla y León. Insisto en que tal supervisión se referiría exclusivamente a la actividad de naturaleza administrativa, administrativa. Dios me libre de entrar en otro tipo de actividades.

En este sentido, es cierto... -y de ahí mis dudas, que les planteo con toda sinceridad, seguro además de su comprensión- es cierto que la Ley reguladora de la Institución del Procurador del Común no me atribuye explícitamente la facultad de fiscalizar la actividad administrativa del Legislativo Autonómico; no lo hace. Ahora bien, ahora bien, hay que tener en cuenta que otros Comisionados Autonómicos -como es el caso, por ejemplo, del Ararteko vasco-, disponen de competencia expresa para evaluar la actividad materialmente administrativa de los órganos legislativos.

Por otro lado, como Sus Señorías no ignoran, la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa incluye los actos de los órganos de gobierno de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en materia de personal, administración y gestión patrimonial... -personal, administración y gestión patrimonial, no otra cosa-, dentro de concepto de actividad administrativa fiscalizable.

Ello me lleva a pensar que, a pesar de la inexistencia de una habilitación legal expresa al respecto, que tal vez sería conveniente incluir en el futuro, cuando Sus Señorías aborden, quizá, de nuevo la reforma de la Ley del Procurador del Común, esta Procuraduría debería conocer y estudiar aquellos asuntos de corte administrativo realizados por las Cortes de Castilla y León en atención a la naturaleza garantizadora de derechos que reviste, a fin de cuentas, esta Institución de la que soy titular. Esto es, la afección de la actuación administrativa de las Cortes a los derechos de los ciudadanos debería ser lo suficientemente fuerte para vencer la ausencia formal de referencias expresas al legislativo. Pero, si no es así, creo que debería de reformarse la Ley; o mejor, creo que sería conveniente que ustedes consideraran la posibilidad de reformar la ley en este punto concreto.

Como saben Sus Señorías, las transformaciones operadas en la actividad administrativa en los últimos años han sido intensas y profundas. Estos cambios han hecho que la Administración en diversos sectores haya pasado a desarrollar sus funciones a través de organismos autónomos, entidades públicas de Derecho Privado, fundaciones, empresas públicas... En muchos ámbitos, por otra parte, la actividad de la Administración como prestadora directa de servicios públicos se ha convertido en una actuación de control y arbitraje, pasando a ser prestados aquellos servicios por entidades estrictamente privadas.

Esta circunstancia exige que, en ocasiones, mi labor de defensa de los derechos de los ciudadanos implique la supervisión de entidades como las expuestas, cuya consideración como Administración propiamente dicha no es muy clara, no es precisamente clara. Incluso en el desarrollo de mis funciones me he dirigido -no se lo niego- a empresas estrictamente privadas, como es Telefónica -cuya colaboración, por cierto, quiero agradecer aquí-, en la medida en que esas empresas ejercen funciones relacionadas con un servicio público. Esa es mi justificación; discutible, pero por eso se lo traigo a ustedes a colación ahora.

Aunque he venido siguiendo el criterio de que toda actividad que sea materialmente administrativa -y, en cualquier caso, lo es la que implique la prestación de un servicio público- es fiscalizable por esta institución, lo cierto es que sería conveniente -creo- una modificación de la Ley reguladora del Procurador del Común que, entre otros extremos, contemplara una ampliación de ese ámbito de supervisión en el sentido que les indicaba.

En más de una ocasión me encuentro con expedientes que plantean conflictos... -y ustedes no deben ignorarlo porque quizá el Común se dirija a ustedes quejándose de su propio Procurador- que plantean conflictos a la hora de su admisión, no siendo la... la resolución del Procurador del Común al respecto siempre comprendida, según los casos, ya sea por el Común, ya sea por la propia Administración.

Por ejemplo, eso es lo que sucede con los actos de trámite. En muchas ocasiones los ciudadanos acuden a esta institución mostrando su disconformidad con actos que aún no pueden considerarse definitivos, como pueden ser aprobaciones iniciales de planes urbanísticos, proyectos de concentración parcelaria, propuestas de resolución de sanciones administrativas, por ponerles algunos ejemplos.

En estos supuestos, Señorías, no puedo dejar de considerar a los efectos de determinar cuál debe ser mi actitud, cuál debe ser mi actuación, que los actos de trámite son actos instrumentales de la resoluciones que las preparan y las hacen posibles. De ahí que tales actos de trámite no sean impugnables, a mi juicio, separadamente. Por ello, considero que, con carácter general, con carácter general, en mi condición de Procurador del Común, solo puedo supervisar aquellos actos administrativos que tengan naturaleza resolutoria, es decir, que comporten una... una decisión de voluntad en el sentido de declarar derechos o de gravar los mismos.

En consecuencia, en esos supuestos, y como norma general, no les oculto que rechazo la procedencia de la queja planteada, no pocas veces con el desacuerdo -y desacuerdo vehemente- de las personas reclamantes. Procedo, eso sí, a informar a su autor de las posibilidades que el ordenamiento jurídico le otorga para alegar lo que estime conveniente antes de que sea adoptada la decisión administrativa final, y le pongo de manifiesto que, si considerase que esta última vulnera sus derechos, acuda nuevamente al Procurador del Común para que esta vez sí supervise la actuación administrativa.

Podríamos abordar otros puntos en lo que les expondría a ustedes situaciones en las que esa incomprensión procede no del Común, sino de la Administración; pero, en todo caso, lo abordaré cuando presente mi último informe escrito con mayor pormenor también.

Y paso ya al final de mi intervención para hablarles a ustedes de la colaboración de las Administraciones Públicas sujetas a mi supervisión... -la Autonómica y las Administraciones Locales- la colaboración con el Procurador del Común.

La colaboración de las Administraciones con el Procurador del Común, facilitando los informes que se les solicita, es -ya lo saben- imprescindible, y ahí yo tengo intención de referirme también en el informe posterior. Es indispensable para cumplir con la labor que tengo encomendada, y, si no, más vale suprimir la Institución.

En general es cierto que esa colaboración se presta, a pesar de lo que a veces aparece en los medios de comunicación, se presta. Lo que ocurre es que en numerosas ocasiones es necesario, bien recordar al organismo en cuestión el requerimiento formulado y no contestado en plazo, bien solicitarle una ampliación de la información facilitada, puesto que resulta insuficiente para el estudio de la queja.

Creo que procede recordar que ya desde la aprobación de la Ley del Procurador del Común, el Artículo 3 de la misma ha venido estableciendo que si alguna autoridad o funcionario incumpliera la labor de auxiliar al Procurador del Común en sus investigaciones, este lo pondrá, si procediere, en conocimiento del Ministerio Fiscal. En esta misma línea, el Artículo 18 de la misma Ley ha venido señalando desde un principio que los que impidan la actuación del Procurador del Común en cualquier forma podrán incurrir en responsabilidad penal, y que para la aclaración de los hechos al Procurador del Común de Castilla y León dará traslado de los antecedentes al Ministerio Fiscal.

Señorías, esta Institución viene siendo flexible -créanme-, muy flexible en la interpretación de los plazos, y comprensiva con las situaciones que pueden dificultar en ciertos momentos la remisión, dentro del plazo de un mes, de las oportunas respuestas por parte de las distintas Administraciones Públicas. En no pocos casos he llegado a remitir varios recordatorios de la solicitud de información; paciencia esta por parte del Procurador que, créanme, no es bien comprendida siempre por el Común que está esperando y que exige una solución a su problema. Solo tiene que leer la Ley y darse cuenta de que hay un plazo de un mes.

A pesar de todo, en algunos casos en que los organismos afectados se han mostrado especialmente reticentes a facilitar la información solicitada, ha sido necesario recordarles nuestra obligación de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal de persistir en su actitud de no colaboración.

Los datos que recoge el Informe dan una idea de las ocasiones en que, salvo error u omisión, desde el uno de enero del dos mil tres hasta la fecha de cierre de este Informe, me he dirigido a las distintas Administraciones solicitando su colaboración, así como la respuesta que hasta la misma fecha hemos obtenido.

A diferencia de años anteriores, en que solamente teníamos en cuenta el dato de solicitudes de información por expediente, en este Informe, para obtener el dato "total de informes solicitados", hemos contado tanto las peticiones de información como las peticiones de ampliación de información. En el caso de los expedientes anteriores al año dos mil tres, hemos añadido los informes que, solicitados el año anterior, estaban pendientes de respuesta y ha sido necesario reiterar la solicitud.

Además, hemos reflejado en el Informe los datos numéricos, y no solamente el porcentaje, y lo hemos ampliado con el número de recordatorios de las peticiones de información. Con ello creemos que aportamos mejores elementos de juicio para valorar la colaboración... para que ustedes valoren la colaboración que las Administraciones Autonómica y Locales nos prestan.

En el Informe detallamos por provincias los organismos a los cuales ha sido necesario enviar requerimientos con apercibimiento de remisión de los hechos al Ministerio Fiscal. Así, por ejemplo, sobre un total de mil veintitrés informes solicitados a la Administración Autonómica, nos habían sido remitidos a fecha de cierre de este Informe -aunque, debo decirlo, no pocas veces con retraso- novecientos cincuenta y seis, el 93%; de mil ciento siete informes solicitados a la Administración Local, habíamos recibido ochocientos ochenta y nueve, el 80%; y de cuarenta y tres solicitudes de información realizadas a la Administración Central -no requerimientos en este caso, sino meras solicitudes-, habíamos recibido un 95% de respuestas.

Para llegar a obtener estos resultados, quiero resaltar que, en más ocasiones de las que nos gustaría, hemos tenido que recordar a las Administraciones implicadas el deber de dar respuesta a nuestras solicitudes de información y las consecuencias a que atenerse en caso contrario.

Entre el uno de enero -y ya acabo- del dos mil tres y el treinta y uno de marzo del dos mil cuatro, se efectuaron requerimientos de información con apercibimiento de remisión al Ministerio Fiscal en relación con sesenta y ocho expedientes. De ellos, cuarenta y cuatro lo fueron sobre expedientes procedentes de años anteriores, con Registro de Entrada en la Institución con posterioridad al dieciocho de diciembre del dos mil uno, fecha de entrada en vigor de la reforma de la Ley, y que -como ustedes saben- precisa, por un lado, nuestra capacidad supervisora respecto de la actividad de los Entes Locales y, por otro, establece un plazo para responder a las peticiones de información. Otros veinticuatro requerimientos lo fueron en relación con expedientes del año dos mil tres. A fecha de treinta y uno de marzo del dos mil cuatro, de cierre del Informe, no habíamos recibido contestación a requerimientos vencidos en relación con nueve expedientes.

Y finalizo ya agradeciendo su atención, agradeciendo a mis colaboradores su trabajo conmigo, y muy en especial, en este caso, agradeciendo el trabajo realizado en la confección de este Informe a la Asesora Jefe, doña Beatriz González, y a la funcionaria de estas Cortes doña Mariví Santos. Gracias por su atención, señores. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias, señor Procurador del Común. Para la fijación de posiciones de los Grupos Parlamentarios, y habiendo habido un acuerdo en la última Junta de Portavoces, tiene la palabra, por parte del Grupo Mixto, el señor Rodríguez de Francisco.

EL SEÑOR RODRÍGUEZ DE FRANCISCO:

Con la venia, señor Presidente. Buenas tardes, don Manuel. Constituye -como usted sabe- una circunstancia política incorrecta, aunque reglamentariamente dispongo de siete minutos y medio -que ya han empezado a correr- para fijar mi posición, y quiero fijarla claramente.

Le quiero felicitar a usted en una doble vertiente: en la vertiente que usted ha cuantificado al final de su intervención, los datos numéricos están ahí, cuantitativamente su gestión es un éxito; incluso muchas de las peticiones que se pueden computar como únicas están firmadas por miles de ciudadanos, cientos de ciudadanos a veces; por lo tanto, ahí están las estadísticas. Porque yo no solo le he escuchado... -y siento que haya usted tenido que pedir silencio a la audiencia, cuando es usted un alto comisionado- digo que no solo he leído su Informe, sino que le he escuchado atentamente. Esa es la primera... -fijando ya la posición- la primera felicitación.

Y la segunda, porque ha llevado usted a cabo esa labor ingente en lo... en la cuantía, pues, en un contexto difícil, duro, en un contexto de una Comunidad... donde los ciudadanos de una Comunidad y su Administración es una relación muy peculiar, como... porque esta Comunidad está gobernada por un... por un Grupo que yo entiendo que tiene un concepto muy distinto y muy distante del que yo tengo, al menos, y seguramente del que usted percibe de lo que debería ser. Y usted percibe lo que es, ellos están muy alejados de lo que debe ser.

La suya de hoy es una comparecencia reiterada y reiterativa, incluso yo diría... le añadiría el calificativo de eufemística. Eufemística en el sentido de que yo estoy convencido de que usted percibe, como yo percibo, que los conceptos, por ejemplo, de descentralización de competencias, desconcentración de funciones y otros muchos que contempla la propia Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común son... son ejercitados o son percibidos por usted como meros conceptos y no como algo real, vivido, tangible y practicado por la Administración Pública, cuyo Gobierno no se caracteriza, precisamente, por imprimir a esa Administración a la que hoy capitanea por imbuirle ni siquiera ya un espíritu determinado, sino principios legales, estatutarios que vienen -le repito- en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de la propia Constitución.

Pero, claro, eso tiene mucho que ver con una forma de gobernar, con una forma de ser, con una forma de entender la cosa pública. Y este Gobierno y esta Administración no se caracterizan por una forma de entender la propia democracia y la propia forma de actuar en conexión con lo cotidiano, en conexión con los ciudadanos, los cuales están a merced de... de esa Administración en casi todos los casos.

Yo quiero sacar de su Informe, que aquí ha sido bastante eufemístico y porque me he leído su... el resumen... le confieso que he leído solo el resumen; no me voy a leer todo lo que se ha publicado en el BOCCyL porque es ingente, y uno tiene el tiempo limitado, porque es una circunstancia política incorrecta, aunque reglamentariamente permitida.

Dice usted, por ejemplo... -para sacar alguna perla de su Informe, que usted ha pasado por ella sobrevolando-, dice usted: "Se sigue aplicando la técnica del silencio administrativo y no parece esta la forma en que la Administración deba actuar en sus relaciones con los ciudadanos, casi doce años después de que se haya aprobado la Ley 30/92", a que aludí antes, del Procedimiento Administrativo Común. Efectivamente, esto que parece una tontería, pues obliga a muchos ciudadanos, unos que van a usted y otros que no acuden a usted, porque ni siquiera han publicitado la figura del Defensor del Común, del Alto Comisionado, pues... pues esto causa enormes perjuicios a muchos ciudadanos.

Y dice usted, incluso: "La participación ciudadana es mínima en la elección del modelo territorial a desarrollar, pasividad de la Administración en la persecución de los ilícitos urbanísticos". En obras públicas, usted dice, llega a decir que la Administración Autonómica... se ha tenido que dirigir dos veces a ella recordándole que la intervención en el derecho de propiedad particular debe ampararse en un título jurídico a través de un expediente de expropiación forzosa. Increíble.

Habla usted de dejación de funciones de la Administración Autonómica en cuanto a la vigilancia, inspección y control de las distintas fuentes generadoras de ruido y otras cuestiones atinentes al medio ambiente, en su concepción grosera o amplia.

En Educación, por ejemplo, tiene usted... denuncia usted que la Administración educativa se limita a realizar obras de mejora o adaptación en la medida que se van formulando denuncias concretas. Es decir, no hay una labor de oficio de la Administración de que los niños estén en el lugar adecuado para recibir la educación adecuada.

En el área social dice usted, nada menos, que "la carencia de una red de asistencia sociosanitaria suficiente, que genera un alto grado de insatisfacción social especialmente por la insuficiente capacidad presupuestaria destinada por esta Administración a la atención de necesidades de atención residencial y comunitaria generadoras de exclusión social".

Y así podríamos seguir su Informe desgranando perlas que, en el fondo, lo que vienen a determinar con claridad es un absoluto incumplimiento por parte de la Administración Autonómica, una realidad administrativa común, observando cómo se vulnera por acción o por omisión derechos fundamentales de los ciudadanos con la complicidad, cuando no con la autoridad, de la propia Administración. Por eso yo le doy las gracias a usted por su eufemismo, porque en el BOCCyL queda reflejada la realidad de su actividad.

Pero hoy, que más conspicuos e inteligentes Portavoces me han de suceder en el uso de la palabra, yo quiero sacarle aquí a colación una cuestión genérica y que está proliferando en la semántica político-administrativa de esta Comunidad; incluso le afecta a usted, como forma -entiendo yo- de cohesión de lo que jamás será cohesionable. Es una cuestión que usted ya suscitó y desarrolló en la revista Sistema, de la Fundación Pablo Iglesias, presidida por el ínclito hoy Alfonso Guerra. "El principio de la voluntad regional como sistema de constitución de las autonomías", era el título de su... de su artículo.

Es obvio que, desaparecido el dictador, después de que usted escribiera el artículo, no le hicieron caso a usted los incipientes demócratas, especialmente en la constitución de la Comunidad Autónoma, de esta Comunidad Autónoma, por razones no de voluntad regional, sino claramente, y publicitadas como tales, de Estado.

Y yo le pregunto: siguiendo su propia teoría política, señor Procurador del Común, con todo el respeto del mundo, ¿es correcto, cuando se nomina o se nombra a una institución o instituto de cualquier tipo, o cualquier actividad de la Administración Autonómica, referirse a ellas utilizando la palabra "regional"? ¿Es correcto que toda alusión a la autonomía se convierta en una apelación semántica, oral o escrita, a la regionalidad de esta Comunidad birregional?

Creo recordar que usted ha tenido que dirigirse al Ministerio.... perdón, a la Consejería de Educación para que sean retirados libros que se saltan en la Historia, por ejemplo, todo el reino de León; más o menos van de Chindasvinto a Fernando III el Santo, pero se lo han saltado y usted se ha tenido que...

Pues bien, señor Procurador del Común, si no fuera correcto, ni a la luz de la historia, ni de la razón, ni del propio Estatuto, que reconoce dos regiones solo unidas por una "y", ¿iniciaría usted de oficio -gracias por tomar nota- una reclamación a la Administración Autonómica para que retire de forma inmediata toda referencia regional a lo que debiera llamarse "autonómico"? Yo, por ejemplo, soy un Procurador autonómico; el Ente Regional de la Energía, el Ente Autonómico de la Energía...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señor De Francisco, tiene usted que fijar su posición respecto al Informe Anual del Procurador del Común. Yo le llamo a la cuestión porque ahora... yo creo que ahí hay digresiones...

EL SEÑOR RODRÍGUEZ DE FRANCISCO:

Estoy haciéndolo...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): ...

. ajenas al Informe Anual; no a la Institución del Procurador del Común en general, sino al Informe que acaba de presentar...

EL SEÑOR RODRÍGUEZ DE FRANCISCO: ...

En su Informe figura la palabra "regional"...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias. Continúe. Puede continuar.

EL SEÑOR RODRÍGUEZ DE FRANCISCO:

Creí que estaba en un país libre.

Bueno, pues, por fin, mi última preocupación... -porque con la intervención del señor Presidente, hábilmente, pues se me ha acabado el tiempo; lo estoy viendo aquí- mi última preocupación se corresponde con mi fe en su valía y en su capacidad.

Y yo creí que venía hoy aquí a decirle adiós; porque, legalmente, en la pura aplicación estricta y semántica de la Ley, su mandato expira en febrero o en marzo. Pues bien, usted tiene que saber -y sabe, seguramente- que hay autonomías que no ponen límite al mandado de... del... de su Procurador del Común, de su Defensor del Pueblo -el propio Estado no pone límite al mandato del Defensor del Pueblo-; y usted tiene que saber -y sabe también- que, o hay acuerdo político en esta Cámara de los tres quintos... o hay acuerdo político en esta Cámara de los tres quintos -don Ángel, escúcheme bien-, o, si no, a falta de sustituto, la propia Ley del Procurador del Común contempla la posibilidad de que siga usted en funciones una vez acabado su mandato.

Por lo tanto, yo lo que espero es que usted haga un informe, no en febrero y en lo que va a actuar usted de aquí a febrero, sino, pues, en septiembre del año que viene. Esa sería mi... ese sería mi deseo. Sí espero... espero que ese deseo se cumpla y no lo impida ni el trapicheo político ni otras cuestiones...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias, señor De Francisco.

EL SEÑOR RODRÍGUEZ DE FRANCISCO:

Como Ombudsman hasta el año que viene... (Perdone, ya termino. Señor Presidente, hombre, tenga la... la amabilidad). Como Ombudsman -que, por cierto, nació en Suecia en mil novecientos trece, y no me apeo, don Manuel- hasta el año que viene; como don Manuel García Álvarez hasta cualquier día. Usted, al contrario que la Administración que controla, es cercano y abierto; ellos no, ellos son lo que usted escribe en su Informe, sin eufemismos.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias. Para un turno, igualmente en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra don Joaquín Otero Pereira. Gracias.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, Señorías. Buenas tardes, señor Procurador del Común, y al equipo que también le acompaña, como es habitual cada año, en su Informe.

Hoy es un Informe especial el suyo porque, salvo sorpresas, es su último informe. Y, por tanto, esta intervención mía también es un tanto especial, porque es la última intervención a su Informe. Quiero decir con esto que, en lugar de caer en detalles concretos y particulares, a mí me interesa más hacer una valoración global de lo que ha sido su cargo, su Comisionado de Procurador del Común durante todos estos años, que entrar en detalles concretos y particulares, donde hemos entrado y donde todavía podemos seguir entrando porque aún le quedan a ustedes unos meses de mandato.

Y yo quiero decirle, don Manuel, que es justo y razonable, y creo que compartido, el reconocer su mérito: el mérito de haber sido el primer Procurador del Común de esta Comunidad Autónoma; el mérito, por tanto, de haber puesto en marcha esta Institución. Poner en marcha algo es difícil; cuando algo está ya funcionando es más fácil; pero arrancarlo y hacer que esa Institución, que al principio nadie conocía -eso sonaba un poco a chino, ¿no?-, esa Institución hoy sea conocida, y yo diría también que hoy sea respetada, es un trabajo que debe de ser valorado en su justa medida y debe de ser reconocido en su justa medida. Y yo, desde luego, y creo que todos los ciudadanos -no solo los representantes políticos, todos los ciudadanos-, se lo reconocemos.

Ser el primero es lo más difícil, y usted ha sido el primero, y lo ha hecho bien. Y lo ha hecho bien con pocos medios materiales; ha tenido usted una sede pequeña. Nosotros, en este Informe, hemos pedido reiteradamente una nueva sede; seguiremos haciéndolo, queremos un edificio moderno, funcional, de nueva planta en la ciudad de León, acorde con el prestigio de la Institución del Procurador del Común. Seguiremos pidiéndolo.

Y seguiremos pidiendo más recursos humanos. Usted -entre comillas- "se jactaba" en otros informes de que estaba trabajando con la menor plantilla de todos los procuradores del común del resto de las Comunidades Autónomas.

Y trabajó usted con poco apoyo legal, porque, hasta la reforma de su Ley, su condición de Procurador del Común era poco coercitiva; es decir, ni siquiera obligaba a los... a los responsables públicos a contestarle, como ahora ocurre ya, en un plazo, cuando esa Ley se corrigió. Por tanto, con una precariedad -diría yo- de medios, usted ha desempeñado bien su labor.

Y ahí sí que hay una crítica que debo haberle, porque no todo van a ser alabanzas, señor Procurador: en su carácter prudente para la vida, también fue -a mi juicio, a nuestro juicio- excesivamente prudente a la hora de pedirle, de reivindicar y de reclamarle a la Administración Autonómica y a las propias Cortes de Castilla y León, de la que depende la Institución, más medios materiales y humanos. Yo creo que había que haber pedido más; porque, probablemente, pidiendo más, se hubiera tenido más.

Porque hemos también venido observando que, claro, nada tiene que ver las competencias que tiene esta Comunidad hoy con las que tenía cuando usted se hizo cargo de ese mandato, ¿no?, de esa comisión, de ese Comisionado. En aquel momento no teníamos las competencias en materia de Sanidad, objeto de muchas quejas, sin lugar a dudas; ni las de Educación, objeto de muchas quejas por su cualificación y por la importancia que ambas materias tienen para los ciudadanos. A medida que ha ido creciendo la... las competencias en esta Comunidad Autónoma no hemos visto un paralelismo en los medios que ha tenido el Procurador del Común; pero lo seguiremos reclamando. Y sí que le pediríamos que en estos meses que le quedan sea especialmente reivindicativo para que su sucesor pueda disponer de todos los medios.

Aun así, en esa situación, cada año más quejas, cada año más reclamaciones, cada año más expedientes de oficio, cada año más resoluciones y cada año más nivel de conocimiento de una Institución que -insisto- al principio nadie conocía y hoy nadie desconoce; todo el mundo sabe que hay un Procurador del Común, para qué está el Procurador del Común, para qué sirve el Procurador el Común. Y ese es un trabajo, desde luego, que, en una buena medida, le corresponde a usted.

Por tanto, valoración positiva también de ese... esa sintonía que usted ha tenido, esa preocupación, esa sensibilidad que ha tenido con los colectivos más desfavorecidos: probablemente, el 80% de cada uno de sus informes, si no más, ha estado dedicado siempre a los colectivos más desfavorecidos, los que más necesitan la tutela de las Administraciones Públicas porque son los que menos armas tienen para defenderse. Por tanto, yo creo que se merece un reconocimiento y una valoración positiva también.

Y esto ya no es una valoración, es una constatación lo que voy a decir ahora, porque yo le conozco desde hace muchos años y no me ha sorprendido. Constato varias cosas.

Constato, don Manuel, su objetividad, su imparcialidad y su neutralidad en el ejercicio de sus funciones. En este mundo, en este momento, en el cual sustraerse a la política es muy complicado, a los partidos políticos, a las ideologías políticas, a las presiones políticas -de verdad que es muy complicado; todo lo impregna la política-, creo que usted ha tenido el valor suficiente, la capacidad suficiente para abstraerse de las connotaciones políticas y trabajar con objetividad, imparcialidad y neutralidad.

Constato también -constato porque ya lo sabía de antes, por eso digo "constato"- su honestidad y su honradez en el ejercicio de sus funciones. Creo que eso nadie nunca lo va a poner en duda.

Y constato también la disponibilidad que usted ha tenido para este Procurador, para el partido al que presenta este Procurador cada vez que hemos requerido de sus servicios, cada vez que hemos necesitado sus servicios o, simplemente, cada vez que hemos hecho de mediador... de mediadores para que usted recibiese a determinadas personas o colectivos. Siempre ha estado usted disponible y dispuesto a escuchar y, en la medida de lo posible, resolver esos problemas.

Voy terminando porque el tiempo, señor Procurador del Común, se termina también.

Mire, yo creo que deja usted el listón alto, que deja el listón muy alto para su sucesor; que ojalá se acierte en la elección de la persona que le vaya a suceder en el cargo, pero que el listón está muy alto, por todo lo que yo le he explicado, por todo lo que he expresado y, probablemente, por lo que digan otros Portavoces. Porque es que creo que en esto, como en años anteriores, estamos de acuerdo.

Y yo termino diciéndole, don Manuel García Álvarez... y esta afirmación no la quiero hacer como político; la quiero hacer como político, como compañero suyo -que, a fin de cuentas, Procurador soy y Procurador es usted, o Procurador es usted y Procurador soy yo-, lo quiero hacer también como amigo y como alumno: alumno que se ha sentido muy orgulloso de haber tenido un profesor como usted; amigo que se siente muy orgulloso de tener a un amigo como usted; y compañero que se siente muy orgulloso de haber tenido -todavía, durante unos meses, seguir teniendo- a un Procurador como usted. Desde esta triple situación en la que en este momento le estoy hablando, le digo: señor Procurador, muchas gracias por su trabajo, enhorabuena por su trabajo y mucha suerte en el futuro. No solamente suerte en el desempeño de sus futuras misiones o de sus futuros quehaceres, sino también la suerte que van a tener todos aquellos que en esos trabajos que tenga usted que hacer estén a su lado, como ha estado todo el equipo y todos los compañeros que ha tenido hasta ahora. Nada más. Y, de verdad, sinceramente, muchas gracias, señor Procurador.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias, señor Otero. Para fijar posiciones, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Procurador don Ángel... señor Crespo.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Gracias, señor Presidente. Buenas tardes. Bienvenido a esta su casa, señor Procurador del Común, bienvenidos todos sus colaboradores.

Y permítame que, en nombre de mi Grupo Parlamentario, le dé la más cordial bienvenida, con especial intensidad, con su Informe del año dos mil tres. Ya nos ha anunciado su disponibilidad a comparecer en el primer trimestre del año dos mil cinco para rendir cuentas de su trabajo a lo largo de este año dos mil cuatro, y, por lo tanto, entonces tendremos una ocasión más de poner en valor lo que de positivo, lo que de beneficioso, lo que de honrado ha tenido su trabajo a lo largo de estos años.

Con el Informe del año dos mil tres y el que nos presente el próximo año culminará usted un periodo amplio, fructífero, de trabajo honrado, que a lo largo de diez años ha hecho del Procurador del Común una de las Instituciones de nuestra Comunidad Autónoma más conocida, más prestigiosa, más creíble y más solicitada de todas las que integran esta realidad política y administrativa que es Castilla y León.

Una vez más, con su Informe nos demuestra su conocimiento, su compromiso y, si me apura, diría también que su lealtad para con los ciudadanos de Castilla y León.

También su realismo, también el realismo que caracteriza año tras año sus informes anuales, ese realismo del que tan a menudo está necesitada esta tierra, frente a la petulancia de la verdad oficial, que se empeña en negar la existencia de problemas. Una verdad oficial que, demasiado a menudo, lejos de reflexionar y de extraer conclusiones positivas de su trabajo, persigue y acosa a la discrepancia -pocos como usted saben a lo que me estoy refiriendo-. Año tras año, desde la mayoría de esta Cámara, se ha insistido más en cuestionar el rigor de sus Informes que en aprovecharlos, aprender de ellos y adoptar medidas para corregir los efectos negativos que determinadas políticas vienen produciendo.

Es más, los intentos de descalificación de su trabajo han llegado incluso a afirmar que la figura del Procurador del Común y sus Informes anuales eran uno de los principales instrumentos para hacer oposición en estas Cortes Regionales. Nada más lejos de la verdad; pocos como usted han sido tan celosos de su autonomía y tan poco proclives a la instrumentalización política.

En cualquier caso, y en nuestra opinión, usted puede estar tranquilo: ha cumplido con devoción su misión, ha acreditado conocimiento de nuestra Comunidad, ha sido útil a las personas y ha tenido iniciativas que demasiadas veces, aunque con retraso, se han convertido en disposiciones administrativas. Incluso tengo que decirle que la extensión y minuciosidad de su informe anual demuestra su compromiso con la tarea desempeñada y el rigor de su trabajo, a pesar de lo que frívolamente aquí se le ha reprochado en ocasiones anteriores.

¿Y de qué ha hablado el Procurador del Común a lo largo... en su Informe del año dos mil tres? Pues de lo que ha hablado siempre: de las personas, de la gente, de los problemas cotidianos, de la vida misma. Esa es, quizá, la mejor cualidad que adorna la figura del Procurador del Común, y muy especialmente de quien ha desempeñado esta función a lo largo de estos años. Algunos ejemplos daré a continuación.

En lo que se refiere al acceso de la Función Pública. Una vez más usted se hace eco de la sensación extendida de que esto es un coto cerrado en que los principios de igualdad, mérito y capacidad brillan por su ausencia, y tiene, por lo tanto, amplio reflejo en su Informe.

Señores del Gobierno, alguna vez tendrán que reconocer que así no pueden seguir las cosas. No se puede seguir aplicando el silencio administrativo a las reclamaciones en las oposiciones, ni puede haber falta de publicidad en las convocatorias; y, por favor, garanticen ustedes el anonimato en las pruebas selectivas.

Y una vez dentro de la carrera administrativa -qué digo carrera administrativa, más bien carrera de obstáculos para los funcionarios-, este concepto con el que ustedes... que este concepto que ustedes han superado, el de la carrera administrativa, por las interinidades, las eventualidades, las comisiones de servicio, las libres designaciones. Quiero decir que los funcionarios públicos de que disponemos necesitan creer que su dedicación, su preparación y su esfuerzo pueden verse recompensados. En la actualidad eso no es así; el Informe del Procurador del Común así lo refleja.

Y si esto sucede en la Función Pública, ¿qué podemos decir de lo que ocurre en las empresas públicas o en las fundaciones, a las que tanta afición tiene este Gobierno? Ustedes... usted ha hecho advertencias al respecto que han caído una vez más en saco roto. Nosotros hemos tomado iniciativas en esta materia y confiamos que podamos ayudar a corregir la situación, si el Gobierno, si la mayoría tiene voluntad al respecto.

En materia de urbanismo, vivienda y obras públicas, usted hace consideraciones precisas lo que sucede en cuanto al planeamiento urbanístico, y destaca que la transparencia y la participación no son términos antagónicos con la agilidad, más bien son un instrumento eficaz contra la opacidad endémica con la que se afrontan estas materias. La transparencia no es una traba, es una garantía. No es posible que en un estado de derecho las infracciones urbanísticas prescriban, y en demasiadas ocasiones la pasividad de la Administración impida la restauración de la legalidad; no solo esto, sino que muy a menudo se denuncia la falta de ejecución subsidiaria por parte de la Administración. Obviamente, esta situación anima a los infractores y desmoraliza a quienes cumplen las normas.

El impulso a la ejecución de las obras públicas y la agilidad en la tramitación de los expedientes contarán con el apoyo inequívoco de mi Grupo Parlamentario. Este apoyo, sin embargo, es incompatible con los abusos y la prepotencia con las que en demasiadas ocasiones la Administración... la Administración Regional afronta este tipo de conductas sin respetar los derechos de los particulares afectados.

Y en materia de vivienda no se puede ser más concluyente; ante uno de los problemas que más preocupan a la población, las políticas que bien se vienen aplicando se definen en su Informe como insuficientes e inadecuadas. No se puede ser más concluyente ni más adecuado a la realidad, señor Consejero de Fomento. Cualquier Gobierno sensato debería tener en cuenta estas recomendaciones. La verdad es que no estamos seguros de que ustedes lo vayan a hacer.

Y claro, cuando se logra acceder a una vivienda de promoción pública, no hay nada más decepcionante que sufrir el retraso en la entrega efectiva y en su ocupación por la falta de ejecución de las obras de edificación o urbanización de las viviendas. Seguro que esto le suena mucho al señor Consejero de Fomento.

En lo que hace referencia a las actividades clasificadas y al medio ambiente, una vez el Informe destaca que los ruidos continúan siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en nuestra Comunidad Autónoma, la contaminación acústica; y no parece que mejoremos en esto, con los serios riesgos que ello ocasiona para la convivencia entre el derecho al descanso y el derecho al ocio.

El problema de las explotaciones ganaderas no ha desaparecido, todo lo contrario. No se puede seguir mirando para otro lado, ni descargando la responsabilidad exclusivamente en los Ayuntamientos, es evidente que con los medios de que disponen no van a poder resolver esta cuestión. También mi Grupo Parlamentario ha ofrecido fórmulas para colaborar en la resolución de este problema; estamos a la espera.

Tampoco el Informe olvida el control de la calidad de las aguas, problema de primer orden que continuamos sin resolver.

Y, ¿cómo no?, hacer referencias a la defensa del medio natural en nuestra Comunidad Autónoma. Hay una grave responsabilidad de la Administración Regional en la gestión de los montes de utilidad pública. Recientemente hemos tenido ocasión de comprobar sobre el terreno cómo los restos maderables derivados de podas efectuadas por la Administración Regional continúan en su sitio después de meses, cuando no años, con el riesgo y el incremento del riesgo evidente de incendios por esa situación. ¿Por qué se mantienen en los montes de utilidad pública los restos que proceden de las podas? No puede ser. No contribuimos de esta manera a resolver el problema, grave problema, de los incendios en nuestra Comunidad Autónoma.

En lo que se refiere a los espacios naturales, se necesita una mayor protección, pero para ello se hace necesaria la elaboración y dotación económica de los planes de ordenación de los recursos naturales debidamente coordinados con los Ayuntamientos, una constante en el Informe. Y seguimos sin contar con el desarrollo reglamentario de la Ley de Caza y la Ley de Pesca.

En lo que se refiere a la información ambiental, pues siguen siendo una constante los retrasos de la Administración Autonómica, inexplicables a la hora de facilitar la información que se dispone.

En lo que hace referencia a educación, la cultura, los deportes en nuestra Comunidad Autónoma, epígrafes, sencillamente: insuficiencia de plazas educativas, muy especialmente infantiles; centros escolares deteriorados... bueno, deteriorados y derruidos en algunos casos en el medio rural; insuficiencia de las dotaciones presupuestarias o problemas con el transporte escolar son objeto de denuncias reiteradas por parte de los ciudadanos, y conviene incidir en este momento que no es que lo sugiera el Procurador del Común, sino que el Procurador del Común se hace eco de las denuncias reiteradas de las personas. La pregunta es: ¿está mejor la educación en Castilla y León desde que es gestionada por el Gobierno Regional? Mire, lo dejaremos como mínimo en el terreno de la más seria de las dudas.

Y una mención muy especial a la Educación Especial. Señores del Gobierno, esto es pura sensibilidad y no parece que ustedes estén a la altura de las circunstancias.

En materia de cultura y conservación del patrimonio, hacemos nuestras todas las consideraciones que hace el Procurador del Común, por evidentes. Y aquí tenemos que reconocer que quizá estemos ante una tarea que, por su magnitud, escapa de la capacidad de los poderes públicos. La búsqueda de fórmulas de mecenazgo se convierte en una tarea ineludible que, por lo tanto, cuenta con nuestra apoyo. Reproche al Gobierno Regional: menos propaganda y más diligencia.

Entre... lo que se hace, lo que se refiere al trabajo, la industria, el comercio, se deja constancia en el Informe que en lo que se refiere a la formación profesional ocupacional hay una denuncia recurrente que se refiere al poco control que se ejerce sobre los cursos por parte de la Junta. Aplíquense ustedes el remedio.

También se destaca la lentitud en la resolución de los expedientes derivados de accidentes laborales, con el consiguiente retraso en la gestión de las prestaciones, un serio trastorno para los afectados, que bastante tienen con haber sido objeto de una desgracia laboral, y que ustedes no resuelven, no gestionan con diligencia sus reclamaciones.

Las quejas de los usuarios referidas a las instalaciones eléctricas y al suministro de gas parece que solo son atendidas cuando media la actuación del Procurador del Común, y esto no está bien.

El control de la venta ambulante en los pequeños municipios pone una vez en evidencia el claro abandono del Gobierno Regional hacia unas entidades locales que tienen muy poquitos medios para hacer frente a sus competencias.

En lo que hace referencia a la agricultura y la ganadería, ¿cómo es posible... -se ha ido, se ha ausentado el Consejero de Agricultura- cómo es posible que un número relevante de las solicitudes de ayudas para la instalación de agricultores jóvenes correspondientes al año dos mil dos estén sin resolver en el dos mil tres? ¿Este es su compromiso para avanzar contra la despoblación en el medio rural?

En los servicios sociales, ¿cómo es posible... por qué no están disponibles las ayudas para los mayores de sesenta y cinco años que vuelven a nuestra Comunidad provenientes de Iberoamérica? Son compromisos anunciados por el Gobierno Regional, por la Gerencia Regional de Servicios Sociales. Detrás de esos anuncios hay personas que creen que esas iniciativas, que esos anuncios se van a materializar en medidas, y que, posteriormente, tienen que acudir al Procurador del Común porque, sencillamente, no encuentran la solución al problema que se les ha planteado.

El acceso a la vivienda para personas con discapacidad sigue siendo una quimera, lo mismo que su acceso al transporte urbano. Alguien nos acompaña hoy aquí que puede dar fe de esa quimera en lo que se refiere al acceso a la vivienda por parte de personas con discapacidad.

Y la atención dirigida a las personas con enfermedad mental, cuestión en la que siempre -y le agradeceremos siempre, señor Procurador del Común- usted ha mantenido una sensibilidad extrema que le honra, los afectados siguen calificándolo de deficitario. Y lo decimos hoy, que es el Día Mundial de los Enfermos de Alzheimer, y lo decimos hoy, que el Ministro de Trabajo ha anunciado que en Salamanca puede instalarse el Centro Nacional de Referencia de Enfermos de Alzheimer si la Junta de Castilla y León colabora y compromete el suelo suficiente. [Murmullos]. ¿Qué les pasa?

En materia de integración de minorías étnicas, tampoco parece...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Silencio, Señorías, por favor.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Hombre, no me parece que la atención a los enfermos de alzheimer...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Silencio, Señorías.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: ...

. sea motivo... (Señor Presidente, apelo a su sensibilidad). No me parece que la atención a los enfermos de alzheimer -y algunos los tenemos en nuestra propia familia-...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Continúe, señor Procurador.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Le rogaría que cuando se trate de estas cosas pida sensibilidad a la mayoría. [Aplausos].

En materia de integración de minorías étnicas, tampoco parece que se haya avanzado demasiado, a pesar de sus reiteradas advertencias y la necesidad que tiene nuestra Comunidad Autónoma de convertirse en tierra de acogida para los emigrantes... para los inmigrantes en los próximos años.

El drama de los accidentes de tráfico, fundamentalmente entre la población juvenil, merece una referencia expresa en su Informe, y resalta la carencia de prohibiciones expresas de venta de bebidas alcohólicas en las estaciones de servicio y en los establecimientos comerciales ubicados en las mismas.

En la atención sanitaria, el Procurador del Común pone el dedo en la llaga de uno de los aspectos que más inciden en el éxodo rural, que es la falta de atención sanitaria. La necesidad de que todos los núcleos de población con más de cincuenta habitantes cuenten con consultorio médico parece ineludible. Y si esta es una realidad, no lo es menor lo que nos... la que nos dice que asistimos a una preocupante falta de previsión para la atención especializada en pediatría en aquellos núcleos de población con fuerte crecimiento demográfico, es decir, el entorno de las grandes ciudades. Donde se necesita atención sanitaria por población mayor no tenemos centros, donde necesitamos atención pediátrica por población joven tampoco damos una respuesta adecuada. Y esto demuestra desnudeces de nuestra Comunidad Autónoma que explica el porqué de muchos de nuestros problemas de población.

En materia de justicia, estamos pendientes del traspaso competencial, y es evidente que en esta materia la tarea del Procurador del Común ha sido, fundamentalmente, la remisión de quejas al Defensor del Pueblo.

Aprovechamos la ocasión para decir que el aumento de transferencias, el aumento de competencias por parte de nuestra Comunidad Autónoma requerirá un aumento proporcional de los medios materiales y humanos para la Procuraduría del Común. El Gobierno todavía está hoy a tiempo de contemplar en el Proyecto de Presupuestos esta necesidad.

Hacemos advertencia, también, de los contenidos del Artículo 502 del Código Civil en lo que se refiere a la falta de colaboración tipificada como delito de aquellas autoridades u organismos que se nieguen a colaborar con el Procurador del Común. No se puede seguir tolerando los alardes que algunos Alcaldes hacen de desatender al Procurador del Común.

En materia de economía y hacienda, la Administración Regional parece que ha optado por la vía cómoda de notificar a los contribuyentes a través del Boletín Oficial de la Provincia... en los Boletines Oficiales o de los tablones de anuncios. Debe aplicarse a la notificación individualizada. Sabemos que localizar al deudor cuesta trabajo, pero esa es función de la Administración Regional y objeto de reiterada denuncia.

En lo que se refiere a los Gobierno Locales, en este ámbito el Procurador del Común se ha convertido en el último baluarte de la democracia municipal en muchos Ayuntamientos en los que la minoría se encuentra absolutamente indefensa respecto de los abusos de las mayorías que de forma autoritaria se niegan a facilitar todo tipo de información a quienes se encuentran en la oposición. En próximos informes sería deseable conocer con nombres y apellidos los Alcaldes que se niegan a dar información a los Grupos Políticos en la oposición. Absolutamente deseable conocer los Alcaldes que no practican la democracia en sus municipios. Mire, me sorprende mucho verles hacer tantos gestos de asentimiento, les apuesto que nos ganan cien a uno, se lo apuesto a todos ustedes. [Aplausos].

Termino ya, termino ya, señor Presidente.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señor Crespo, por favor.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Dos minutos más. Su amabilidad...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Guarden silencio, por favor. Señor Crespo, vaya terminando.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Termino. Dos minutos más, por favor.

Mire, la necesaria modificación de la Ley de Fundaciones de Castilla y León -algo hemos dicho antes-, cuando menos para definir con claridad la figura de las fundaciones y garantizar la transparencia en los procesos de selección de su personal y la adquisición de bienes y servicios, que se garanticen los principios de publicidad, concurrencia e igualdad que son exigibles a las Administraciones -ya hemos hecho referencia anterior-.

Y una cuestión que tengo muchísimo interés en que nos aclare, si es posible. Nos dice el Informe del Procurador del Común que el Gobierno Regional hace un uso indebido de la corrección de errores para modificar las normas jurídicas. Yo me resisto a creerlo. Le ruego, si es posible, que desarrolle el caso que usted cita en su Informe anual. Porque ¿cómo es posible que el Gobierno Regional pueda utilizar el mecanismo de la corrección de errores de las normas jurídicas con la finalidad de llevar a cabo auténticas modificaciones de su contenido? Señor Herrera, ¿es capaz su Gobierno de utilizar esa figura para modificar el procedimiento legal establecido para las normas jurídicas? No lo puedo creer. Usted cita un ejemplo, le rogaría que lo desarrollara.

Mire, termino ya, de verdad. Su sensibilidad para la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas en lo que se refiere a la libertad religiosa y sus implicaciones en el sistema educativo, la preocupación por las condiciones en que desempeñan sus trabajos los temporeros y su exigencia de elaboración de un plan al respecto que sigue sin atenderse, su petición de exención de tasas para los desempleados que participan en pruebas de selección de personal convocadas por la Administración, la conveniencia de aprobar una ley regional de fomento del voluntariado o la regulación de la publicidad institucional a través de una ley -ya ha sido rechazada esa iniciativa por la mayoría, quizá a través de su Informe sean capaces de reflexionar, aunque tengo muchas dudas-, tantas y tantas actuaciones de oficio que solo alguien profundamente convencido -como lo ha sido usted- puede llevar a cabo.

Y dejo para el final su referencia a la norma elaborada por la Administración Regional para tratar de reparar y recuperar la memoria de aquellas personas que, por motivo de conciencia, sufrieron represalias, privación de libertad e incluso muerte, durante la Guerra y Posguerra Civil Española. Hay un dato que quizá usted no conozca y que le pido desde esta tribuna que investigue, porque así me lo han hecho llegar algunas familias: las ayudas que se dan por parte de la Administración Regional, en virtud de la norma que se ha aprobado, se dan como subvención, y eso está ocasionando serios problemas fiscales a los beneficiarios. Verse sometidos a una inspección de Hacienda por este asunto es lo más parecido al humor negro, y estas familias, desde luego que bastante han pasado ya.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias, señor Crespo.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Le ruego que investigue. Termino ya despidiendo...

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Gracias.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: ...

. al señor Procurador del Común como empecé: agradeciéndole su presencia hoy aquí, una vez más. Tenga la certeza de que en opinión del Grupo al que represento usted ha cumplido con creces la tarea que estas Cortes le encomendaron hace ya diez años y, por lo tanto, podrá retirarse con la satisfacción del deber cumplido. Creo que de usted se podrá decir en el futuro lo que todo hombre de bien querría que se dijera de él, que fue incómodo para el poder y siempre ayudó a las personas. Muchas gracias, señor Procurador del Común. Gracias, señor Presidente.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias, señor Crespo. [Aplausos]. Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su Portavoz, señor De Santiago Juárez.

EL SEÑOR DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ:

Gracias, Presidente. Señorías, señor Procurador del Común. Un año más iniciamos este primer período de sesiones plenarias con el Informe que presenta el Alto Comisionado de esta Cámara, y mis primeras palabras tienen que ser, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, de agradecimiento y de sincera felicitación. Y quiero extender el saludo y la felicitación a los miembros de su equipo, que algunos de ellos se encuentran hoy en este Hemiciclo.

Decía agradecimiento y felicitación. Y agradecimiento por el esfuerzo de síntesis que de nuevo ha hecho al presentar el trabajo del último año, al presentar el Informe hoy ante esta Cámara. Y felicitación por el rigor de su Informe y por mantener la línea de trabajo que viene arrastrando, que viene llevando los últimos diez años.

De nuevo, hoy estamos ante un trabajo riguroso, un trabajo sólido, un trabajo exigente con todos, con la Administración y con el Común, y un trabajo francamente bien hecho. Un trabajo en línea con los ocho informes anteriores que usted ha presentado periódicamente en esta Cámara.

Pero, por lo que parece... por lo que parece, pienso que este año es un año especial. Yo creo que no, yo creo que usted -como bien ha dicho a lo largo de la presentación de su Informe- debe de presentar y tiene que presentar el Informe del dos mil cuatro, aunque alguien, frívolamente, le haya querido frivolizar... le haya querido, perdón, jubilar con anticipación y haya hablado de que queríamos nombrar un amiguete. Usted, hasta febrero, tiene que culminar su trabajo, y usted tiene que presentar, y debe presentar, en la línea del trabajo que viene realizando en los últimos nueve años, el Informe del dos mil cuatro.

Le digo que este año, que es un año especial porque se está culminando su trabajo, está... -le queda un último año y en él se hará balance, y deberá hacer balance, entiendo que hará balance en su trabajo- me va a permitir que en estos quince minutos que ha otorgado a cada uno de los Portavoces de los Grupos la Junta de Portavoces para fijar posiciones, que toque tres aspectos -a nuestro entender, al entender del Grupo Parlamentario Popular- fundamentales: un primer aspecto, sin duda, debe ser un breve análisis del Informe que acaba de presentar; un segundo aspecto, hacer un brevísimo, un pequeñísimo balance de lo que han sido sus informes a lo largo de estos años, un poco en la línea de otros Portavoces que me han adelantado, que han estado... que me han precedido en el uso de la palabra; y un tercer aspecto... -y se lo digo con todo respeto- el tercer aspecto va a ser unas sencillas reflexiones... unas sencillas reflexiones en voz alta sobre un asunto que a usted siempre le ha ocupado y le ha preocupado, y que este año, de nuevo, vuelve a tener un peso sustancial en su Informe, que es la asistencia psiquiátrica y la salud mental en la Comunidad de Castilla y León.

En cuanto al primer aspecto, al análisis del Informe del año dos mil tres, el Informe que hoy nos ha presentado, para el Grupo al que represento se caracteriza básicamente por dos cuestiones fundamentales: primero, se mantiene estable el número de quejas, se mantiene estable; y segunda cuestión importante, segunda característica de su Informe, es que mejora año a año -y de nuevo ha vuelto a mejorar- el grado de colaboración de las distintas Administraciones con el Procurador del Común.

Este año el número de quejas son -como usted bien sabe y como aparece perfectamente en su Informe- nueve por cada diez mil habitantes. Coincide con las mismas quejas, con la misma proporción del año pasado y del anterior: nueve... Es decir, se está estabilizando en un... a la baja en un mínimo en los últimos tres años: estamos en nueve por diez mil; si recuerda, hace cuatro años estábamos en diez por diez mil.

Y, curiosamente, donde se incrementa el número de quejas, donde hay un pequeño aumento del número de quejas son en tres áreas fundamentales: una el Área de Justicia, y usted sabe que una cosa son las quejas que llegan del Área de Justicia y otra son las quejas que luego se admiten: el año pasado solo se admitió una del Área de Justicia -recuerde usted-.

Otro área que ha aumentado es el Área de Trabajo y Seguridad Social. En algunos aspectos de ese área sabe usted perfectamente que no tiene competencia la Administración de la Comunidad Autónoma.

Y el tercer área, que no es que aumente, es que se duplica... se duplica, es lo que denomina el Área K, que es una especie de cajón de sastre donde usted mete actuaciones diversas, creo que lo llama usted así. Ese área duplica las quejas. Pero el resto de las áreas, de las doce áreas, desciende el número de quejas. Es decir, claramente se han reducido -de nuevo se han vuelto a reducir-, aun manteniéndose esa proporción de nueve por diez mil, se han vuelto a reducir el número de quejas.

En este punto me interesa -nos interesa mucho al Grupo Popular- hacer alguna referencia a algo que se entendió, que entiendo que se entendió mal el pasado año o no fue bien entendido. Nosotros siempre hemos entendido que profundizar en el estudio de su Informe es respetar su Informe. La mejor forma de respetar su Informe es trabajar en él, estudiarle y analizarle. Y eso hicimos el año pasado, eso me va a permitir que hagamos hoy muy brevemente; pero entiendo que eso es el papel y para lo que hemos sido hoy convocados aquí: para profundizar y analizar su Informe.

Recordará que le sugerí el año pasado muchas... algunas sugerencias, pero una era que era necesario que en el Informe conociésemos no solo el número de quejas recibidas, sino el número de quejas admitidas. Y usted -y hoy se lo vuelvo a agradecer a la vuelta... no recuerdo si fueron dos, tres o cuatro meses, da igual, hoy se lo vuelvo a agradecer- me amplió su Informe, y me mandó un escrito con una tabla en donde aparecían lo que yo le pedía: no solo las quejas recibidas, sino también las admitidas. Y este año ya aparece así esa tabla. Lo recordará. De nuevo -insisto- creo que ese escrito y esa tabla me lo envió en el mes de febrero y, de nuevo, aprovecho para darle hoy las gracias en estas Cortes, en este... en este Hemiciclo.

Y, curiosamente, cuando nos mandó esa ampliación del Informe, aquello que nosotros... que yo planteaba en nombre de mi Grupo, el análisis de las quejas nos daba la razón. Porque nosotros decíamos que una cosa eran las quejas recibidas y otra eran las quejas admitidas, y que calculábamos... -hacíamos unos vericuetos matemáticos y estadísticos- y que calculábamos que eran la mitad. Cuando nos llegó esa ampliación del Informe, es la mitad. Son la mitad. Y este año, curiosamente, que ya aparece esa tabla, es... viene a ser, aproximadamente, la mitad. Es decir, una cosa son las quejas recibidas y otra las quejas admitidas.

Por lo cual -insisto- aquello que no se entendió hoy se debe entender, porque en su ampliación del Informe, que estoy seguro que llegaría a todos los Grupos -por lo menos a nosotros nos llegó-, se demostraba que aquello que planteábamos aquí y que se interpretó mal, ¿eh?, era razonable.

Y si recuerdan aquella época, con ese análisis que hacíamos de quejas recibidas, quejas admitidas, y analizamos las admitidas, llegábamos a la conclusión -si me permite- y utilizando dos áreas que también se han utilizado hoy aquí, las ha utilizado -si no recuerdo mal- el Portavoz de UPL, Joaquín Otero, Educación y Sanidad... -son dos áreas vitales, son dos áreas que interesan mucho a los ciudadanos- utilizando esas dos áreas que también se han utilizado, llegábamos a la conclusión -decíamos, o decía yo en aquella época- que venían a ser dos quejas por cada millón de horas lectivas -si recuerda-, y una queja por cada millón de actuaciones sanitarias. Eso era algo que yo puse encima de la mesa después de aquellos vericuetos que se confirmaron con la ampliación de este... del Informe que nos mandó en febrero o marzo.

Y esto no se debe ni se puede entender -insisto- como una crítica al trabajo del Procurador del Común. Esto para nada es una crítica al trabajo del Procurador del Común. Aquí lo que se trata es de analizar el trabajo para sacar conclusiones y para intentar que la Administración no vuelva a cometer esos errores que se manifiestan en las quejas admitidas. Ese es el fin último del Procurador.

Es decir, el Procurador no es un saco de almacenar quejas. El fin último del Procurador del Común es corregir los defectos que tiene la Administración a la hora de prestar servicios. Ese es el fin último. Y le aseguro que... -luego lo comentaré- que sé cómo nació la figura del Procurador, y el fin... el fin último era ese: mejorar -curiosamente- mejorar la calidad de los servicios sanitarios.

Recordará que el Procurador del Común nace como consecuencia de una reunión que tienen los ponentes del... del Proyecto de Ley de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, allá por el año noventa y dos -si no recuerdo mal-. El Procurador Octavio Granados y el Procurador Trapero -podía ser, seguramente- por parte del Grupo Socialista; don Antonio Herreros por parte del Grupo de Izquierda Unida; y don Javier León y Monsalve por parte del Grupo Popular.

Nosotros, el Gobierno, habíamos mandado en el Proyecto de Ley de Ordenación Sanitaria... un título tenía esa ley que era "El Defensor del Usuario del Sistema de Salud de Castilla y León". Y los ponentes decidieron que desapareciese y crearon la figura del Procurador del Común. Y el fin último es ese, que usted, a través de sus dictámenes, sus informes, sus resoluciones, consiga mejorar, consiga mejorar los servicios que presta la Administración al Común, a los ciudadanos. Ese es el fin último.

Y le tenemos que felicitar porque lo ha conseguido. Y le tenemos que felicitar porque en estos nueve años de intenso trabajo lo ha conseguido, y eso se demuestra porque cada vez son menos las quejas admitidas a trámite, cada vez son menos las quejas que se reciben en áreas como Sanidad... como Sanidad y como Educación, por fijar esas dos áreas, pero también en el resto de las áreas, y eso, en buena medida... -aparte del trabajo de la Administración- en buena medida ha sido fruto de su trabajo. Usted, con sus resoluciones, sus informes y sus dictámenes a la Administración ha conseguido que se reduzca el número de quejas.

En cuanto al segundo aspecto que le decía que le quería comentar en este... en la fijación de posiciones del Grupo Popular era el relativo al balance de estos últimos nueve años de trabajo, balance que todos los Portavoces, de alguna manera, hemos hecho o hemos planteado en esta tribuna... en esta tribuna -¿no?- de su intenso trabajo; y de forma muy telegráfica, de forma absolutamente telegráfica porque el tiempo se consume.

Usted ha conseguido cuatro cuestiones básicas, y se deduce del análisis de sus Informes, que figuran -como ustedes saben perfectamente- en la red y puede uno ver desde el Informe del año noventa y cinco hasta el del dos mil tres.

Primera cuestión. Ha conseguido poner en marcha la Institución que usted preside -no es fácil, es difícil poner en marcha una nueva institución-; ha conseguido consolidarla -se ha dicho también en esta tribuna-; ha conseguido popularizarla, a través de sus planes de expansión; y, lo que es más importante, ha conseguido, ha conseguido prestigiarla. Y por eso, de nuevo, le felicitamos; ponerla en marcha, consolidar, popularizar y prestigiar la institución del Procurador del Común, por eso -insisto de nuevo- le tenemos que felicitar.

En segundo lugar, del breve balance de estos diez años... de estos nueve años, usted ha demostrado una sensibilidad especial por los sectores más desfavorecidos. También se ha dicho aquí: no hay más que repasar los... los informes que hace de oficio, los informes especiales -salud mental, discapacidad, los inmigrantes-; en fin, siempre ha tenido, y de nuevo se muestra este año, una sensibilidad especial hacia los sectores de la población más desprotegidos y más desfavorecidos.

En tercer lugar, de su Informe se desprende que en la quejas -lo adelantaba-, en los tres últimos años, cuando la... el Gobierno de la Comunidad Autónoma, cuando la Junta de Castilla y León tiene más competencias, las quejas han tocado mínimo y tienden a la baja. Estamos hablando... estamos hablando de veintitantas quejas en educación este año -quejas admitidas y con resolución favorable- y no llega a veinte en sanidad; admitidas y con resolución favorable -hablo-, no quejas recibidas.

Y, por último, de su Informe se desprende que cuando el Gobierno de la Comunidad Autónoma, que cuando la Junta de Castilla y León tiene más competencias, va asumiendo competencias, se reducen, disminuyen el número de quejas. Y le voy a poner un ejemplo de un área también muy tocada: el Área de Sanidad.

En el año noventa y cinco, en el año noventa y cinco -que es cuando usted realiza el primer Informe-, en el año noventa y cinco todos sabemos que la asistencia sanitaria -la Seguridad Social- no era gestionada por la Junta de Castilla y León, no era gestionada por el Gobierno de la Comunidad Autónoma; era gestionada por la Administración General de Estado, el conocido Insalud. Pues en el año noventa y cinco el número de quejas, y cuando la institución era poco conocida -acababa de arrancar, la institución del Procurador del Común acababa de arrancar-, el número de quejas fueron ciento treinta y seis quejas recibidas. En el año dos mil tres el número de quejas recibidas, recibidas, que no son las admitidas ni las que tienen resolución favorable, son ochenta y siete. Hay una diferencia: noventa y cinco -usted acaba de arrancar-, ciento treinta y seis; este año -con competencias ya desde hace un par de años-, ochenta y siete.

En definitiva, se cumple en buena medida -y se lo digo sinceramente-, se cumple en buena medida el fin último para el que se creó la figura del Procurador del Común, que era que, a través de sus informes y sus dictámenes, se corrigiesen los posibles defectos, las... las posibles pequeñas alteraciones que podrían tener las Administraciones.

Y, en tercer lugar, el tercer aspecto que quería... que quería comentarle, quería comentar desde esta tribuna, es un aspecto, sin duda, muy sensible para usted... [murmullos]

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Señorías, guarden silencio, por favor.

EL SEÑOR DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ: ...

. es un aspecto muy sensible para usted, lo ha demostrado a lo largo de estos años, en todos los informes aparece -prácticamente en todos los informes aparece-, en el Informe de este año vuelve a tener un peso específico, estoy hablando de la salud mental y de la asistencia psiquiátrica. Incluso hace ocho años llegó a hacer un informe en especial... un Informe especial sobre la situación de los enfermos psiquiátricos en Castilla y León, un informe en el cual aparecían más de setenta recomendaciones y recorría... recuerda todas las áreas de salud, todos los hospitales de Castilla y León. Le quiero decir con absoluto respeto y con total sinceridad que el Grupo al que pertenezco estamos de acuerdo en más del 90% de las cuestiones que usted ha tratado en el tema de la salud mental y la asistencia psiquiátrica.

Pero, dicho esto, estará conmigo -o creo que estará conmigo- que hay una percepción en Castilla y León, una percepción en Castilla y León, hay... flota en el ambiente como que la asistencia psiquiátrica no es buena, no es la adecuada, y se utiliza... -y no usted, y no usted-, y se utiliza de forma inadecuada algunos de sus informes. Y no lo digo por usted, digo en general; se ha utilizado a veces de forma inadecuada algunos de sus informes, algunas de sus conclusiones, y da la sensación -a veces percibe y aquí, en esta Cámara, se ha debatido- que la asistencia psiquiátrica y los cuidados de salud mental en Castilla y León no son los adecuados.

Mire, yo estoy de acuerdo en esto con las palabras de ayer de la Ministra de Sanidad. Ayer, la Ministra de Sanidad, sabe usted que, como consecuencia de un asunto increíblemente delicado que ha pasado en la Comunidad de Valencia, le hicieron una entrevista y dijo que la asistencia psiquiátrica en España es buena, en toda España es buena, a raíz del asunto que todos conocemos que ha ocupado trágicamente los últimos días en esta... en este país, ¿no?

Pues yo coincido con la Ministra: la asistencia psiquiátrica es buena. Lo que pasa es que se ha intentado confundir, y no por usted, sino han intentado confundir utilizando sus informes, la asistencia psiquiátrica en general con un pequeño grupo de pacientes, con un pequeñísimo grupo de pacientes.

Mire, hace veinte años la asistencia psiquiátrica en Castilla y León giraba... el eje de la asistencia eran los hospitales psiquiátricos -para entendernos, los manicomios, los manicomios-; ustedes conocen ....., eran los manicomios. Y todo giraba... aquel señor o aquella señora que tenía una depresión, que tenía un cuadro de ansiedad o que tenía una neurosis obsesiva, tenía que ir allí y se la atendía allí; era el eje de la asistencia hace veinte años.

Hoy, afortunadamente, el eje es la comunidad. Es decir, para el 99% de las personas, para el 99% de las personas que tienen un trastorno psiquiátrico, la asistencia psiquiátrica ha mejorado y mucho, y mucho -y coincido con las palabras de la Ministra de Sanidad de ayer-, y mucho.

Pero es cierto, es cierto -y eso es lo que han distorsionado, es lo que han distorsionado en algunos de esos informes-, es cierto que hay un pequeñísimo grupo de pacientes, un pequeñísimo grupo de pacientes que tienen un malísimo pronóstico y que ustedes conocen perfectamente: le estoy hablando de los trastornos esquizofrénicos, que sabe usted que los trastornos esquizofrénicos, la incidencia, es uno por diez mil habitantes. Pero ni siquiera es ese uno por diez mil, sabe usted -y yo lo he leído en alguno de sus informes- que en los pacientes esquizofrénicos se aplica la regla de los tres tercios: un tercio tiene un único brote y no recae; otro tercio tiene brotes, pero mantiene una situación sociolaboral adecuada; y un tercer tercio, ese tercer tercio del uno por diez mil, es el que tiene un malísimo pronóstico.

De ahí, de ahí, usted, de ese pequeño grupo, ha solicitado reiteradamente que se ampliasen una serie de recursos. Pero deducir por eso que la asistencia psiquiátrica en Castilla y León no es adecuada -que no lo ha dicho usted, insisto, ni aparece en sus informes- es faltar a la verdad.

Y ya termino. En lo único -y me lo va a permitir-, en lo único que nuestro Grupo y yo nos cuesta estar de acuerdo -permítamelo- nos cuesta estar de acuerdo -y deberíamos de hablar de este asunto- es en la recomendación que hace usted en el Informe, y que ha hecho hoy aquí también, es de crear una unidad específica para los trastornos límites de personalidad -me parece que lo denomina-, los TLP, bueno... Y usted pide una unidad específica. Pero si recuerda, el año pasado pedía una unidad específica para los pacientes psiquiátricos que tuviesen problemas jurídico-penales, y en algún otro informe ha pedido... Mire, ahí nos cuesta estar de acuerdo, porque no se puede diseccionar la patología psiquiátrica y por cada cuadro, por cada enfermedad, por cada síndrome, hacer una unidad específica. Eso no es viable, eso es imposible. Los profesionales están capacitados para atender las patologías, pero diseccionar todo... cada trastorno psiquiátrico en una unidad específica sería inviable, sería imposible de hacer; nadie lo ha hecho, ningún sistema de salud de ningún país occidental lo ha hecho. (Termino, termino, termino).

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Gracias.

EL SEÑOR DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ:

Por último, felicitarle de nuevo, sinceramente, por el trabajo de este año y por el trabajo que ha venido haciendo en los últimos años. Nosotros no le queremos jubilar prematuramente, usted tiene que acabar... acabar el informe de este año y usted lo presentará cuando estime conveniente, cuando lo tenga rematado, a lo largo del dos mil cinco.

Yo creo que no va a ser difícil, yo creo que no va a ser difícil que los Grupos presentes en esta Cámara alcancemos un consenso, esos tres quintos que fija la Ley que crea el Procurador del Común. Lo que va a ser difícil va a ser luego, va a ser para el próximo Procurador del Común, porque usted -como alguien ha dicho aquí- ha puesto el listón muy alto. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias. Para un turno en contestación a todos los Grupos intervinientes, tiene la palabra de nuevo el Procurador del Común.

EL PROCURADOR DEL COMÚN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ):

En primer lugar, agradecer a todos los que han intervenido sus palabras, frecuentemente inmerecidas, sobre todo por lo que se... por lo que se refiere a mi actuación como Procurador del Común. En todo caso, los méritos son de mis compañeros, o también de ellos por lo menos.

Señor De Francisco, como usted mismo recordó, yo, en más de una ocasión, he intervenido en defensa de la conciencia de lo leonés. Y, efectivamente, recuerdo... es difícil ahora precisar ¿no?, aunque no tengo ningún inconveniente, todo lo contrario, en dirigirme a usted por escrito, como haré también con algunos otros de los que han intervenido. Creo haber intervenido hace tiempo y hace años en relación con la sustitución del guión por la conjunción copulativa de Castilla y León, también en relación con algún texto -excepcional, ciertamente- de Historia de España que venía omitido el Reino... la referencia al Reino de León en la Edad Media -pasaba directamente, si mal no recuerdo, del Reino Astur al Reino Castellano o algo así, ¿no?-. He tenido también alguna otra actuación donde me... mostraba ciertamente mi discrepancia con algunas reivindicaciones a propósito de la llamada lengua leonesa -es cierto, y figura en el Informe, por cierto, de este año en toda su complejidad-, en cuanto que se me pedía que actuara frente a la Junta por no reconocer en el sistema de enseñanza la llamada lengua leonesa o algo así, ¿no? Ahí mostré mi discrepancia, que puede ser discutible, y con la que quizá no estén ustedes de acuerdo ¿no?, pero ahí figura en todo caso.

En cuanto al concepto de región, el concepto de región es... no es tan fácil de aprehender como podría parecer en un primer momento, ¿no? En el contexto internacional, Europa es una región, por ejemplo. Le confieso que tengo que estudiarlo ¿no?, el por qué... cómo abordar la utilización de la palabra regional en... en Castilla y León, pero no tengo yo la impresión -fíjese- de que... de que el Gobierno Autonómico y las fuerzas políticas no leonesistas en Castilla y León hayan hecho siempre oídos sordos a esa conciencia de lo leonés como algo diferente, ¿no?

Yo creo que esa crítica, sinceramente... no sé, habría que matizarla mucho, ¿no?, habría que matizarla mucho. Aunque le confieso que yo, como... quizá porque soy asturiano, tengo a veces dificultades para ver, aparte de la conciencia y del deseo de querer ser algo distinto, dónde está la diferencia entre lo leonés y lo castellano, ¿no?

Pues bien, le prometo que voy a contestarle por escrito, y podrá hacer usted el uso que estime oportuno, claro está, de mis reflexiones. Y le agradezco también la referencia que hizo a aquel artículo mío del año setenta y cinco en la revista Sistema, que, efectivamente, yo creo que es la primera vez que se defiende la fórmula de la voluntad regional como origen de la autonomía política, ¿no?

Señor Otero, como ex alumno, es usted terriblemente parcial al hablar de mí, ¿no? Se lo agradezco, porque, bueno, uno tiene su vanidad también como profesor, ¿no?, o como ex profesor. Yo no sé si me hacía alguna... alguna petición de respuesta en concreto. Me parece que no.

Sí quiero decirle que, en cuanto a lo que se refiere a la plantilla, yo nunca afirmé que tuviera la plantilla más baja de España, ¿no? Quizá pude haberlo dicho en un primer momento, cuando empecé a actuar. De lo que sí hice "alarde" -entre comillas- en alguna ocasión fue del hecho de que el presupuesto era el más bajo o de los más bajos, ¿no?, y que, además, no me parecía que fuera necesario ampliarlo; eso lo dije en más de una ocasión, es verdad. No sé si en estos momentos podría seguir haciendo la misma afirmación, en la medida que hay otras figuras como la mía que han sido creadas más recientemente, muy recientemente, y en la medida en que la mía, también, por ejemplo, en el capítulo de seguridad ha crecido y ha aumentado en ese sentido el presupuesto. Pero nunca he tenido yo la sensación de que... de que las Cortes, de quien dependo, me haya negado algo que yo estimara que era necesario, ni siquiera... -aunque usted lo decía en forma de crítica- ni siquiera he apremiado para se cambiara la sede, ¿no?; entre otras cosas, porque está en un lugar tan encantador que me da no sé qué que se deje la plaza de San Marcos, ¿no?

También debo decirle, debo decirle... ya sé que no será la última ocasión que tengo de hablarles, ¿no?, pero de que yo tengo la sensación de haber sido tratado con gran respeto por todas las fuerzas políticas, por las instituciones, por todas, sin excepción, desde la UPL hasta el Partido Popular, pasando por Tierra Comunera y el Partido Socialista. Todos me han tratado... he sentido siempre la sensación de... de apoyo a la Institución y a mí personalmente, y a mí personalmente. En ese sentido, no quisiera yo que algunas de las críticas que a veces en la lucha política se cruzan ustedes me cogieran a mí por el medio, ¿no? [Risas]. Sí es verdad, ¿no? Y quizá sea una ventaja que he tenido yo en comparación con otros Comisionados, ¿no?: el apoyo desde el principio, desde el principio, de todos ustedes, ¿no?, empezando por UPL, sí, dado que se podía pensar que, al ser yo titular de una institución no estrictamente leonesista, pudiera no ser de su simpatía, y, sin embargo, han sido capaces de superar en todo momento esa concepción y apoyarme, ¿no?, como... Solo basta... basta mirar los informes de mis actuaciones para... el Boletín de las Cortes y... el Diario de Sesiones -perdón- para percatarse de ello, ¿no?

Señor Crespo, también gracias por sus palabras de alabanza. Quiero decirle que, además de lo que dice el... el Informe, también yo le ampliaré la información que me pide por escrito, pero tenga en cuenta que la norma a la que me refiero no es una norma elaborada por el Gobierno Regional, sino por el Gobierno Estatal de entonces. Es una norma reglamentaria estatal. Por ello, lo que hice fue dirigirme al Defensor del Pueblo. No recuerdo la fecha exactamente de la norma, ¿no?, pero... Está desarrollada, de todos modos, en el apartado de "actuaciones de oficio" del informe, ¿no?

Señor Portavoz del Grupo Popular, le agradezco sus palabras. Quiero decirle que, a la hora de comparar unos informes con otros e inferir de esa comparación si ha habido aumento o disminución de... de las áreas correspondientes, hay que tener en cuenta una serie de datos, ¿no?, a los que aludí en años anteriores, pero a los que hoy no referí, quizá, por ganar tiempo. Por ejemplo, por razones de distribución de trabajo, tenga en cuenta que nos encontramos con áreas que no se corresponden en su denominación con un departamento administrativo único en concreto. Los expedientes relativos a enfermedades mentales no están incluidos... yo no los incluyo... a lo mejor es un error, o es una opción como otra cualquiera, pero no los incluyo en el Área de Sanidad, sino en el Área de Trabajo, Seguridad Social y Servicios Sociales, ahí están incluidos. Quiero decir que, entonces, habría que sumar a los que figuran propiamente en el Área de Sanidad esos otros. Como igualmente, fíjese, las quejas relativas a personal sanitario y docente están contabilizadas en el Área de Función Pública y no en las Áreas de Sanidad y Educación respectivamente, ¿no? Otros informes de otros Comisionados Parlamentarios no hacen así. Es discutible, es una opción como otra cualquiera.

Y por lo demás, quiero decirles... -tampoco se lo dije antes, por aquello de ganar tiempo, y recorté mi intervención... el tiempo de mi intervención- quiero decirles que este año, en el dos mil cuatro, he vuelto a cambiar la denominación de algunas áreas, siguiendo el cambio de denominación y de estructuración de los departamentos de la Junta, ¿no? Tenía que habérselo dicho hoy, quizá, pero es de las partes del... de mi intervención que he decidido... que he decidido suprimir, ¿no?

En cuanto al número de enfermos psiquiátricos, enfermos mentales, es verdad, ¿no?, que depende de lo que se entienda por enfermedad mental. Si enfermos mentales son también los que toman Lexatin, efectivamente, son muchísimos más, ¿no?, y quizá esos no tengan tantos problemas como esos a los que se refería, y que son los que despiertan sobre todo mi preocupación. Pero esos están muy necesitados... -creo que lo sabe mejor que yo, ¿no?- están muy necesitados de... de ayuda, ellos y sus familias, aunque sean pocos; precisamente por eso, porque son pocos. Reclamo para ellos, y lo reclamaré hasta el final de mi trabajo como Procurador del Común, una mayor atención. Porque... qué le voy a decir, ¿no? Por supuesto que lo conoce mejor que yo, pero son situaciones... son situaciones insoportables, son situaciones que no duran tan solo un día, ni tan solo tres como la Pasión del Gólgota. Son mucho peores: duran día-noche, día-noche, y no tienen fin, ¿no? Y, entonces, yo muchas... muchas veces me he dicho, quizá imprudentemente, que es mi lucha fundamental, mi lucha principal como Procurador del Común. Digo imprudentemente porque hay otros muchos colectivos que también necesitan de mi trabajo, ¿no? Pero están muy necesitados, terriblemente necesitados. No conozco una situación peor, y debo decir que no conozco un colectivo -ese reducido de enfermos mentales a que se refería usted- más necesitado de ayuda, quizá aquí y en cualquier país, incluso del mundo occidental. Pero algo más se puede y se debe hacer.

Yo no sé, señor Crespo, si me había hecho alguna observación más.

EL SEÑOR .....:

: [Intervención sin micrófono].

EL PROCURADOR DEL COMÚN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ):

: ¡Ah!, sí, sí, lo vamos a estudiar. No le puedo decir nada ahora, pero le prometo... también me comprometo a estudiarlo y a enviarle a usted por escrito nuestra... nuestra conclusión. Y nada más, señores. Si no hay más... [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias, señor García Álvarez, por su informe anual. Enhorabuena por el mismo. Y no habiendo otros asuntos que tratar, Señorías, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las dieciocho horas cincuenta y cinco minutos].